Los encerrados aspiran a que Hereu cambie el plan urbanístico

Un portavoz de la Asamblea Okupa de Barcelona, Albert Martínez, aseguró ayer que el colectivo está dispuesto a negociar con el Ayuntamiento de Barcelona la cesión de un espacio donde los ocupantes de La Makabra puedan desarrollar sus actividades artísticas.

Pero con una condición: que el diálogo se produzca mientras el colectivo okupa permanece aún en el recinto de Can Ricart. Martínez matizó que hasta el momento "ningún político" se ha puesto en contacto con el colectivo para buscar una solución pactada.

Ocupaciones como la de este antiguo recinto fabril del Poblenou demuestran, a juicio del portavoz de los okupas, que "hay que pasar de la burocracia e ir por la vía directa". Según Martínez, la elección de las dos naves ocupadas no es aleatoria: "Hemos escogido precisamente los lugares donde está previsto un uso inmobiliario". El portavoz apostó por que el Ayuntamiento de Barcelona modifique el planeamiento urbanístico del recinto. Algo que no ocurrirá, según manifestó ayer el alcalde, Jordi Hereu.

Sin embargo, la asociación de vecinos del Poblenou, la Federación de Asociaciones de Vecinos y la plataforma Salvem Can Ricart -que fueron los que invitaron a los manifestantes de La Makabra a entrar en el recinto el pasado sábado- han aprovechado la ocupación para resucitar sus reivindicaciones de que se mantenga intacto todo el recinto industrial. Una exigencia que nunca ha decaído pese a que hace dos semanas el plenario municipal aprobó el planeamiento urbanístico del recinto -el segundo, porque el primero fue retirado por la presión vecinal- que supone su transformación en una mezcla de actividad económica, equipamientos y algo de vivienda pública. Vecinos y plataformas siguen sin estar de acuerdo con la planificación aprobada.

Juzgado ordinario

Una forma de demorar el procedimiento de desalojo del recinto -que fue planteado por la vía urgente por la propiedad el pasado fin de semana- es que no vaya por la vía penal. Eso es lo que sopesaba ayer el abogado de los okupas, Alfred Luchetti, que intentó recuperar instrumentos musicales que les fueron retirados a algunos de los ocupantes de La Makabra: "No vemos ningún motivo de urgencia para que la vía sea la penal, tiene que ser la jurisdicción civil ordinaria".

Precisamente, respecto a que el caso pueda seguir la vía judicial, el alcalde destacó ayer que sería necesario que las leyes trataran igual la ocupación de un espacio público -que se puede desalojar en el plazo de 24 horas - que la de uno de titularidad privada, cuyo propietario tiene que instar el desalojo y éste sigue un proceso civil, con comparecencias, notificaciones y recursos que pueden prolongarse meses o incluso años.