IU acusa a la Junta de cambiar el uso del suelo en Guillena para "salvar" al alcalde

La portavoz parlamentaria de IU, Concha Caballero, acusó ayer a la Junta de usar dos varas de medir en urbanismo, según el color del ayuntamiento. La izquierdista denunció que la Consejería de Obras Públicas declaró urbanizables unos terrenos el pasado 29 de noviembre en Guillena (Sevilla), sólo dos días después de que su alcalde, Justo Padilla (PSOE), fuera imputado por el juzgado número 8 de la capital al permitir la construcción de 31 naves industriales en un zona verde. Caballero dijo que la intención de la Junta ha sido la de "despenalizar" y "salvar" al alcalde socialista.

En conferencia de prensa, la diputada izquierdista, a la que acompañaba el portavoz de IU en Guillena, Marcelo Domínguez, explicó que en abril de 2002, mediante decreto de la alcaldía de Guillena, se otorgaron licencias urbanísticas para la construcción de 21 naves industriales en un polígono llamado El Cerro -a las que en 2005 se sumaron otras diez-, pese a los informes desfavorables del secretario y el arquitecto municipal al ser zona verde y no urbanizable.

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Obras Pública, acordó el 16 de diciembre de 2003 denegar la modificación del planeamiento y el permiso para tales edificaciones por la mencionada condición de zona verde, no idónea por la proximidad al cauce de un arroyo, y "conllevar la disminución de la dotación de espacios libres". Para el fallo, se contó con el dictamen desfavorable del Consejo Consultivo de Andalucía. "El alcalde, sin embargo, construyó las naves como una promotora municipal y las vendió", relató Caballero.

A raíz de las denuncias interpuesta por el grupo municipal de Izquierda Unida, el pasado 27 de noviembre el titular del juzgado de instrucción número 8 de Sevilla determinó que las diligencias practicadas "evidencian que existen motivos suficientes para atribuir su perpetración al imputado", en referencia a Justo Padilla. Se ordenó auto de procedimiento abreviado y remitir las actuaciones al fiscal y a la acusación particular, para que el paso de diez días, pidieran la apertura de juicio oral o nuevas pruebas.

Nuevo informe

"Casualmente el día 29, es decir, dos días después de la imputación del alcalde", prosiguió la portavoz, la delegación provincial de Obras Públicas cambió la calificación del suelo y emitió un informe favorable a la modificación del PGOU para que el suelo sea urbanizable". "Está claro que la intención de la Junta es despenalizar al alcalde", agregó.

Obras Públicas propone en el nuevo informe desplazar el trazado del Arroyo de Los Prados, colindante con las naves, hacia el norte "a través de su encauzamiento". "Con esta medida", sostiene, "se consigue, además de solucionar problemas de posibles inundaciones y desbordamientos de la vía fluvial, mantener la continuidad de la franja verde que rodea la cuenca fluvial".

Concha Caballero consideró que este asunto evidencia que la Junta de Andalucía tiene "manga ancha para unos y estrecha para otros, si no son del PSOE".

Por su parte, un portavoz de Obras Públicas dijo que la querella interpuesta por IU nada tiene que ver con la reunión, el día 29, de la Comisión Provincial de la consejería, que se convocó con varios días de antelación. El mismo portavoz explicó que su departamento impugnó en su día la licencia de obras de las naves, pero ha llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento de Guillena para ampliar las zonas verdes "casi al doble" y proceder a una modificación puntual que legalice las construcciones de El Cerro. No obstante, para que la modificación pueda efectuarse hacen falta aún los informes favorables de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir -al afectar al cauce de un arroyo- y del Consejo Consultivo de Andalucía.