La tómbola de las VPO

Imaginen un país civilizado donde para ser operado en la sanidad pública, además de aguardar en una lista de espera, hubiera que entrar en un sorteo entre todos los enfermos que precisan de esa misma operación. Un Estado donde no haya pensiones suficientes para la tercera edad y las que hay se adjudicaran en una rifa. O donde el derecho a la escolarización de los niños dependiera de un bombo. Una especie de bingo anual, no para elegir el sitio donde estudiar sino para disponer de plaza en un colegio público. Piensen en un Ayuntamiento que para afrontar la inseguridad ciudadana rifara sus escasos policías entre los barrios de la ciudad. O que sorteara en la bonoloto el suministro de agua potable. Resulta difícil de imaginar, y, en todo caso, no es España.

Imaginen ahora un país en el que se levantan 800.000 casas al año, pero donde el principal problema de los ciudadanos es poder vivir en una de ellas. Un país donde sus administraciones públicas consagran el bingo público para garantizar el artículo 47 de su Constitución, el derecho que tienen los ciudadanos a disfrutar de una vivienda digna. Imaginen que en ese mismo país estén a la orden del día los pelotazos urbanísticos, las viviendas ilegales y las comisiones para poder construir. Un país donde la Constitución obliga a sus poderes públicos a promover las condiciones para hacer efectivo ese derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general e impidiendo la especulación. Este segundo país lo habrán imaginado. Ahora, si es España.

Resulta descorazonadora la normalidad con la que todas las administraciones públicas asumen su incapacidad para garantizar dos derechos básicos: el que sus ciudadanos logren un trabajo sin morir en el intento y dispongan de una casa donde poder caerse muerto. 25 años de democracia no han hecho posible todavía que el paro y la vivienda dejen de estar entre las prioridades de los españoles. La bonanza económica está permitiendo reducir la tasa de desempleo a niveles históricos, aunque todavía hay una larga lista de ciudadanos que se pasan los lunes al sol, o con empleos precarios. Pero es en materia de vivienda donde no ha habido gobierno alguno que haya encontrado una solución para atajar este problema.

Este periódico ha contado que 84.000 personas presentaron su solicitud para lograr una de las 4.200 viviendas protegidas que los ayuntamientos promueven en las capitales andaluzas. Una oferta que apenas cubre un 5% de la demanda y cuya adjudicación se decidirá por sorteo. Que las viviendas públicas se repartan en una tómbola es un fracaso de las políticas sociales, ya que liga un derecho constitucional a un número en el bombo; asocia la esperanza a un boleto de la lotería; no tiene en cuenta más requisito que el azar, y convierte a los alcaldes en niños de San Ildefonso del urbanismo.

Se podrá decir que no existe país en el mundo que ofrezca una vivienda a todo el que la necesita. Y es verdad. Pero habrá que exigir a sus gobernantes que posibiliten este derecho constitucional. Y de momento, lejos nos lo fían. Son los propios ayuntamientos los que venden su patrimonio de suelo público -terrenos donde levantar VPO- al mejor postor. Es el Ministerio de Defensa el que hace lo propio o Renfe, subastando sus terrenos ociosos.

Si al final las viviendas sociales hay que darlas por sorteo, que al menos no alardeen de ello. Estos días en Málaga, el gobierno local se vanagloria de que, ante la alta demanda que ha concitado la última oferta de VPO , el sorteo habrá que hacerlo en el campo de fútbol. A lo mejor, es que piensan que batir el récord de participación en una tómbola inmobiliaria es un éxito político.