Los fiscales exigen investigar las tramas de corrupción más allá del límite de seis meses

El Consejo Fiscal ha advertido al Gobierno que si no cambia el precepto que limita a seis meses las diligencias de investigación de los fiscales del anteproyecto de reforma del Estatuto de los fiscales quedará "prácticamente anulada" la capacidad del Ministerio Fiscal para investigar tramas de terrorismo, narcotráfico, criminalidad organizada y corrupción. En un informe al Gobierno, el organismo señala que la limitación de las diligencias a seis meses, o la exigencia de dar conocimiento de ellas al sospechoso hacen "inconcebible" la actuación contra las nuevas formas de delincuencia.

El Consejo Fiscal, que preside el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha elevado al Gobierno un informe de un centenar de folios en el que califica positivamente el anteproyecto pero formula sugerencias y algunas críticas, principalmente por no haberse recogido las propuestas formuladas desde la Fiscalía General. La más apremiante de éstas es la reforma del artículo 5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, cuyo último párrafo fue introducido en 2003, durante el mandato del PP, con el fin de poner coto a las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción, entonces dirigida por el progresista Carlos Jiménez Villarejo.

La modificación introducida por el PP estableció que la duración de las diligencias de investigación del fiscal "habrá de ser proporcionada a la naturaleza del hecho investigado, sin que pueda exceder de seis meses, salvo prórroga acordada mediante decreto motivado del Fiscal General del Estado". Transcurrido ese plazo, si aparecieran indicios de delito y "sea cual fuese el estado de las diligencias, el fiscal procederá a su judicialización", a menos que resultara procedente su archivo".

Para el Consejo Fiscal, esa "supuesta meta de incrementar las garantías en las investigaciones" ha tenido como consecuencia la de "entorpecer de manera grave, si no anular prácticamente cualquier capacidad investigadora" del Ministerio Fiscal. Por eso, se quejan de que se imponen a los fiscales "unas cautelas a las que ni siquiera la propia policía se halla sujeta" y que tienden a convertir al fiscal "en poco más que un mero transmisor de la notitia criminis al órgano judicial".

Los fiscales afirman que no pueden ocupar "posiciones de vanguardia" en la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico, la criminalidad organizada transnacional y la corrupción, con "herramientas, conceptos y, sobre todo, fantasmas y complejos engendrados a finales del siglo XIX y desarrollados al pairo de la desconfianza institucional" y reclaman "inexcusablemente" la reforma del precepto. Otros aspectos abordados por el informe son:

- Comparecer ante el fiscal. En línea con el refuerzo de su capacidad de investigación, reclaman también que las autoridades, funcionarios, organismos o particulares que "sean requeridos por el Ministerio Fiscal" tengan que atender inexcusablemente ese requerimiento. Según el Consejo Fiscal, "resulta cuando menos paradójico" que el fiscal esté expresamente habilitado para ordenar la detención de los ciudadanos, pero no pueda exigir "su comparecencia personal y que presten su colaboración".

- Policía Judicial. En otro apartado consideran que debe tratarse de un "mero error" la omisión de toda referencia a la asignación de unidades especiales de Policía Judicial y de expertos a fiscalías como Anticorrupción, Antidroga, y la recién creada Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo, donde ya están funcionando. Por si acaso, advierten que si de esa omisión derivase la voluntad de desandar el camino recorrido" mostrarían su "absoluto rechazo".

- Unidad de actuación. Frente a "ciertas ideas recientemente surgidas en el debate sobre la reforma de algunos Estatutos de Autonomía", el Consejo Fiscal recuerda que "la clave esencial del funcionamiento del Ministerio Fiscal español es la unidad de actuación", es decir, "un mismo criterio cualquiera que sea el sujeto o el lugar donde se encuentre". Sería una "grave contradicción" hacer coincidir la autonomía del fiscal general frente al Gobierno con "la creación de 17 nuevos posibles focos de tensión política".

- Nombramiento y cese del fiscal general del Estado. Califican de forma positiva la comparecencia del candidato ante el Congreso de los Diputados en el proceso de designación del fiscal general del Estado. Respecto al cese, que hasta ahora puede acordarse en cualquier momento por el Consejo de Ministros, aprecia "falta de simetría" y propone que se exija dictamen previo de la Junta de Fiscales de Sala y del Consejo Fiscal y se recupere la audiencia preceptiva y no vinculante del Consejo General del Poder Judicial.

- Duración del mandato. El Consejo Fiscal se pronuncia por establecer un mandato fijo y no revocable de cinco años para el fiscal general del Estado, en vez de los cuatro que prevé el anteproyecto para hacerlo coincidir con el fin del mandato del Gobierno que lo propuso. Entienden que la fijación del mandato en cinco años forzaría un mayor consenso político en torno a la designación del candidato y desaparecería la utilización de la figura del fiscal como centro de controversia política.

- Nombramientos. El Consejo admite que el fiscal general del Estado proponga el nombramiento del jefe de su Secretaría Técnica y del de la Unidad de Apoyo, pero se opone a la libre designación del jefe de la Inspección, un cargo tan sensiblemente ligado a las facultades represivas que sería nefasto para su imagen.

- Pluralidad lingüística. Los fiscales ven "poco tranquilizador" que el conocimiento de una lengua cooficial sea "mérito determinante" para la promoción, porque puede convertirse en una alteración del sistema de valores de otros méritos "verdaderamente determinantes" como la experiencia y capacidad profesional, e ir en perjuicio de la calidad en el servicio. Proponen suprimir el adjetivo "determinante".