La familia del alcalde de Catral usó una firma zapatera para hacer casas ilegales

La familia del alcalde de Catral, el socialista José Manuel Rodríguez Leal, edificó las casas ilegales mediante una mercantil dedicada a la fabricación de zapatos. La firma, la sociedad Grufade SL, se constituyó en 1994 con capital social de 4.334.279,78 y un solo empleado. El administrador único de la empresa es María Ángeles Rodríguez Leal, hermana del regidor. María Ángeles esta casada con el promotor Ginés Ruiz López. El hijo del matrimonio, Ginés Jaime Ruiz Rodríguez, es apoderado de Grufade y, a su vez, administrador de la inmobiliaria Catralhouse, Sl.

La mercantil Catralhouse, SL, se creó en 2003 con un capital social de 90.000 euros y en 2004 facturó 987.000 euros. Esta sociedad posee el 100% de las acciones de Grufade. Esta operación, un artificio financiero dado el diferencial de capital fundacional entre ambas sociedades, según expertos consultados por este periódico, tiene como único objetivo cambiar el objeto social de Grufade para dedicarse a la construcción y promoción inmobiliaria. El sobrino del alcalde aparece también como apoderado de la promotora Blue Dream Village, SL, igualmente constituida en 2003. Entre 2000 y 2005, los activos de Grufade pasaron de 3 a 15 millones de euros.

La administradora de Grufade se mostró dubitativa a la hora de despejar las dudas sobre la actividad de la firma que preside desde 1994, es decir, si su actividad real ha sido la fabricación de calzado o no. "No, bueno sí", dijo al ser preguntada por este periódico sobre la cuestión. "No quiero hacer más comentarios", añadió.

El alcalde, por el contrario, sí confirmó que la mercantil de su hermana se dedicó inicialmente a la fabricación de calzado. "Tengo entendido que así fue, pero luego mi cuñado se dedicó a la construcción", subrayó. "Es cierto que mi cuñado ha construido la mayoría de las casas ilegales. Yo le decía que no lo hiciese, que me iba a perjudicar, pero no atendió mis consejos", razonó..

La mercantil Grufade, Catralhouse y Blue Village han edificado decenas de viviendas en el término de Catral, especialmente, entre 2004 y 2005. Y en todos los casos sin contar con la parcela mínima de 10.000 metros cuadrados ni autorización previa de la Consejería de Territorio. Pese a ello, el Ayuntamiento, con los informes desfavorables del secretario y del arquitecto municipal -según consta en las actas de la Comisión de Gobierno a las que ha tenido acceso este periódico- les otorgó licencia para obra menor (vallado o construcción de un refugio de labor), que luego utilizaron para construir chalés.

La ilegalidad las construcciones está reflejada en los informes del Seprona remitidos al juzgado que instruye la denuncia presentada por la Asociación Europea de Consumidores y Usuarios de Urbanismo (AECU). La magistrada, la titular del juzgado número 5 de Orihuela, decretó el archivo provisional de la causa "por no encontrar indicios de delito".

Una semana después del archivo de la denuncia, la Consejería de Territorio y Vivienda retiró las competencias urbanísticas al Consitorio. El titular de ese departamento cifró en 1.200 las casas sin licencia en suelo no urbanizable y estimó en unos 80 millones de euros el dinero negro que han generado. El alcalde ha anunciado que recurrirá al Tribunal Superior de Justicia la orden del Consell.