"No entendería que se derriben casas en un sitio y se legalicen en otro"

La polémica suscitada con la corrupción urbanística y la reacción legislativa de la Junta para poner coto al boom inmobiliario ha sacado a la palestra a la Confederación de Empresarios de Andalucía. Su presidente, Santiago Herrero, alerta del peligro de regular en exceso una actividad que es el motor de la comunidad.

Pregunta. ¿De verdad cree que la economía andaluza atraviesa una "de las situaciones más críticas" en sus perspectivas de futuro?

Respuesta. La economía andaluza no está mal, lo que está mal es la expectativa de futuro. Si tenemos en cuenta que hasta ahora el motor de desarrollo económico, asumido por todos, ha sido la construcción, y ésta asociada al turismo, y sobre la construcción se emiten mensajes muy negativos, se corre el riesgo de que eso se paralice sin tener ninguna alternativa razonable.

"La normativa se está haciendo de forma dispersa, caótica y contradictoria"

"Si se derriban casas ilegales, a lo mejor el propio constructor tiene que ser indemnizado"

P. Pero había que poner algo de freno ¿no?

R. La construcción, su boom económico, ha sido asumido por todos. Pensar que sólo los empresarios se han beneficiado no tiene sentido. Se ha beneficiado toda la economía: el 25% del empleo se ha generado en la construcción, sector al que pertenece una de cada cuatro empresas nuevas; el sector ha aumentado su participación en el PIB andaluz en cuatro puntos; ha tenido un efecto inducido sobre el turismo, el comercio y el ocio, y además las administraciones públicas han disfrutado de incremento de ingresos fiscales.

P. Si, pero esos mensajes a los que se refiere se llevan dando hace un año, y el último dato de crecimiento es el 3,9% en el tercer trimestre.

R. Pero también es verdad que mientras antes teníamos seis décimas de crecimiento frente a la media nacional ahora tan sólo tenemos una, y hay analistas que dicen que en 2007 creceremos una décima por debajo. También es verdad que el empleo en los últimos 10 meses ha crecido en España el 8,5% y en Andalucía el 0,8%. Lo que advertimos, con esos datos, es una crisis de futuro que puede tener sus consecuencias.

P. Usted critica el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) y, según los datos de la Junta, sus límites al crecimiento urbanístico sólo los han sobrepasado un 7% de los municipios en un periodo similar al establecido de ocho años.

R. Sí, pero es cuestión de mensajes. Imponer esas limitaciones, que no son necesarias en función de esas circunstancias históricas, lo único que provoca es trasladar un mensaje negativo. Además, la ordenación normativa se está haciendo de forma dispersa, caótica y contradictoria. No es lógico que la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, en tres años, se haya corregido tres veces; tampoco que se hagan primero los planes subregionales y, una vez aprobados, se prepare el POTA al mismo tiempo que todos los planes generales de ordenación urbana de los ayuntamientos, como consecuencia de la Ley del Suelo, estén en revisión. Y que al final se establezcan medidas correctoras como la ley de VPO, que se autocorrige a su vez el mismo día que se publica en el BOJA la propia ley.

P ¿Pero eran necesarias esas correcciones?

R. Quiere decir que o hay una imprevisión en quien legisla y manda al exterior un mensaje negativo, errático, y contradictorio, porque cada plan corrige al anterior, o alguien, al ver que sus criterios no se consolidan en normativas determinadas, va sacando instrumentos en los que incluye de nuevo esos criterios. Por ejemplo, se quitó de la ley de la Vivienda la ratio del 51% de residencial hotelera, que era un tema asumido, se corrige en la ley de VPO, que tampoco era el lugar, y luego aparece en algunos planes subregionales. Eso es lo que impide al inversor responder a tres preguntas claves, ¿Qué hacer? ¿Con arreglo a qué norma? ¿Y durante cuánto tiempo?

P. Lo que no parece lógico es que un plan urbanístico prevea multiplicar las viviendas de un municipio por dos, por tres o por cuatro. ¿No hay que poner límites?

R. Evidentemente. No es lógico si no corresponde a sus necesidades. Pero no olvidemos que esas previsiones la hacen los propios políticos en el ejercicio del gobierno de una administración pública.

P. Pero, ¿no están inducidos por la penuria financiera y por las ofertas de solución que ofrecen a cambio los constructores?

R. La línea divisoria entre el pedir y el dar, añadiendo otros adjetivos que pueden ser más gordos, es muy débil. Y muchas veces los empresarios hemos sufrido el pedir de las necesidades de servicios de los Ayuntamientos.

P. Entonces, ¿no cree que hay que poner coto al problema?

R. Creo que hasta aquí hemos llegado con la participación, actuación y connivencia de todos, en función de unas sensibilidades que se daban con anterioridad. Incluso que llevaba a que la iniciativa pública promoviera situaciones urbanísticas como las que hoy se están criticando, y pongo de ejemplo Costa Ballena. Eso corresponde a las sensibilidades y necesidades de una época. Si han cambiado esas necesidades pongámonos de acuerdo.

P. Pero tan mal se está legislando, hasta el punto que el presidente de Fadeco dijera que se legisla de manera marxista. ¿Lo comparte?

R. Creo que todos compartimos la preocupación sobre una situación. Cómo las manifestemos se corresponde con la opinión de cada uno.

P. Y no es preocupante, que si no se pone coto a este boom, el turismo, que es el otro motor como usted reconoce, se resienta, ¿no cree que es más negativo una costa llena de cemento?

R. Los empresarios ni estamos en contra de la ordenación, ni en contra de la preservación del medio ambiente. Pero hay claro una cosa, ¿alguien puede pensar que las miles de viviendas que se han hecho en Andalucía han podido estar al margen de las decisiones administrativas? Pues sería o una falta de eficacia, de vigilancia o de gestión por parte de las administraciones públicas, o es que todos hemos participado en el desarrollo de un modelo que hasta ahí nos parecía conveniente. A partir de ahora, es posible buscar otro modelo, de desarrollo sostenible, pero lo que no puede ser es de no desarrollo.

P. Entonces, ¿ qué hay que hacer con la viviendas ilegales producto de la corrupción?

R. Los procedimiento de actuación sobre viviendas ilegales, de cara a su demolición, deben contemplar las garantías de muchos, entre otros, las de los adquirientes de buena fe de esas viviendas.

P. ¿Y quien es el que indemniza a ese comprador de buena fe?

R. Hay que contemplar sus derechos, no sólo la indemnización. No entendería mucho que se estuviera en un proceso de regularización de viviendas ilegales en una zona porque son de un tamaño, y en otro punto se estuviera en la demolición porque son de otro tamaño o de otra dimensión. Sabe que al menos hay dos municipios que tienen asociaciones de propietarios de viviendas ilegales. Y estamos en procesos de legalización en unos municipios y en otros en procesos de demolición.

P. Pero en el caso de derribo, ¿quién debe pagar?

R. Aquellos que hayan sido responsables de la situación de ilegalidad en la que ha incurrido la vivienda, que no sé quienes son. Porque muchas de ellas, están construidas mediante licencias de las administraciones públicas, que después se declaran ilegales. Pero para el ciudadano, jurídicamente, la decisión administrativa tiene una presunción de legalidad. A lo mejor el propio constructor debe ser objeto de indemnización y no hablo de los delincuentes, sino de miles de empresarios que llevan años en el sector construyendo honestamente.

P. ¿Por qué cuando ha saltado todo este asunto de la corrupción urbanística no ha habido ningún empresario que ha salido a denunciar que era extorsionado?

R. Eso corresponde a la órbita de los derechos individuales de cada uno y de sus intereses.

P. Y la patronal?

R. La CEA marca estrategias que interesan al común general de los empresarios, no a los derechos o intereses individuales. El que está en una situación particular no se lo comunica al colectivo, entre otras cosas porque sólo llegamos al borde del negocio individual.

P. Pero la situación de corrupción era evidente y se conocía.

R. Probablemente tan evidente como que lo sabían las administraciones públicas, la justicia...

P. El decreto de golf se ha retrasado, pero ¿está de acuerdo con que se construyan campos de golf con urbanizaciones?

R. Un proyecto de norma en el que ni siquiera existe por parte de la Administración un criterio unánime no debía paralizar un sector al que debía aplicarse un derecho vigente. Si preguntamos a cualquiera si un proyecto de campo de gol, en una zona desarborizada, con problemas de empleo, con suficiencia de agua y una densidad de una vivienda por hectárea, sería defendible. Probablemente diría que sí. Pues no se puede hacer en Andalucía.

P. ¿Incluye en esa incertidumbre a los puertos deportivos?

R. Hay un anteproyecto de ley que no se convertirá en ley porque no hay tiempo para su trámite, y como consecuencia tenemos paralizados todos los proyectos, porque se están aplicando criterios de ese anteproyecto, y eso es lo que traslada inseguridad.