La reforma del Estatuto de Castilla y León plantea más control del agua

El aprovechamiento del agua de la cuenca del Duero y su gestión es uno de los puntos más destacados de la reforma del Estatuto de Castilla y León, aprobada ayer en Valladolid en las Cortes regionales.

La reforma obtuvo un importante consenso y fue aprobada por la totalidad de los miembros de la Cámara, a excepción del representante del Grupo Mixto, Joaquín Otero, portavoz de Unión del Pueblo Leonés, que pedía la segregación de León de la autonomía.

El PP, con mayoría en las Cortes de Castilla y León, y el PSOE coincidieron en la necesidad de incrementar el control sobre todos aquellos aspectos en general relacionados con el agua y en particular con la cuenca del Duero. El presidente del Gobierno regional, Juan Vicente Herrera, dijo al término de la votación que no se trataba de "blindar" los ríos ni de prohibir ceder las aguas sobrantes. "El Estatuto recoge la lógica garantía para el abastecimiento en calidad y cantidad de las necesidades" de los ciudadanos, señaló.

Este mayor control sobre el agua puede ser polémico, ya que el Duero no discurre al 100% por Castilla y León y un tramo es internacional, fronterizo con Portugal. Además, en uno de estos tramos fronterizos con Portugal, en tierras de Zamora, hay presas de aprovechamiento portugués, lo que puede dar lugar a algún tipo de problema.

Compromiso con España

Herrera destacó también la contribución que tendrá la reforma del Estatuto castellano leonés para el sostenimiento de un "Estado posible", celebró que esté alejada de "abusos" planteados por otras autonomías y subrayó el compromiso que supone el texto con una España "única e indivisible". El portavoz socialista, Ángel Villalba, aseguró que con la aprobación de la reforma "se superan diferencias históricas" dentro de la región y se abre "una puerta al futuro".

El futuro Estatuto define a la región como una "comunidad histórica" y contempla además la creación de un cuerpo de policía propio que afronte los problemas de seguridad ciudadana existentes.

Los portavoces de los grupos políticos destacaron que se trata de un Estatuto que no genera polémica y esperan que tras la remisión del texto al Congreso de los Diputados la próxima semana pase el trámite parlamentario sin escollos.

Tanto el PP como el PSOE reconocieron que se trataba de una votación histórica que culmina dos años y medio de trabajo, desde el verano de 2004. Ambos destacaron que la reforma ha sido bien negociada por los grupos parlamentarios y que no ha habido roces importantes.