Bruselas cree que las nuevas condiciones impuestas a E.ON también son ilegales

Tal como había pronosticado el ministro de Economía, Pedro Solbes, la Comisión Europea arremetió ayer de nuevo contra España al declarar "ilegales todas las nuevas condiciones" fijadas a E.ON para comprar Endesa, que ya habían sido aceptadas por la compañía alemana. La contundencia de Bruselas no se correspondió, sin embargo, con la activación del procedimiento de infracción iniciado en septiembre. La Comisión ha optado por abrir otro expediente, lo que supone retrasar la resolución del asunto. El ministro de Industria, Joan Clos, exigió a Bruselas "el mismo trato" que a otros países.

El colegio de comisarios decidió ayer que las nuevas condiciones fijadas por el Ministerio de Industria el pasado 3 de noviembre "infringen las reglas del Tratado relativas a la libre circulación de capitales y libertad de establecimiento". Es decir, estas nuevas condiciones adolecen del mismo problema que las establecidas anteriormente por la Comisión Nacional de la Energía (CNE), que ya fueron declaradas ilegales por Bruselas, lo que motivó el inicio del procedimiento de infracción el pasado 18 de octubre.

En ciertos aspectos, la decisión de la Comisión de ayer contra las condiciones del ministerio fue más dura que la acordada contra la CNE, al añadir a las mencionadas infracciones las relativas a la violación del derecho a la libre circulación de mercancías. Este aspecto se refiere a la condición que obliga a Endesa a un determinado consumo de carbón nacional.

Activos y marca

El portavoz de Competencia de la Comisión, Jonathan Todd, aseguró que "todas las nuevas condiciones eran ilegales". Entre las más preocupantes para Bruselas, Todd destacó "la obligación de no vender activos de las instalaciones en los territorios de las islas [Baleares y Canarias]; el mantenimiento de la marca, la promesa de no distribuir gas en otros mercados que no fueran España" y la ya citada referente al uso del carbón doméstico.

La artillería pesada de la Comisión tendrá ya muy pocos efectos prácticos sobre la operación. Bruselas ha optado por una posición prudente, ya sea por las advertencias recibidas desde España, ya sea para no perjudicar la OPA de E.ON si el asunto se enzarzaba en los tribunales. Por una parte, sorprende que no haya adoptado el segundo paso del procedimiento iniciado el pasado 18 de octubre. En aquella fecha, Bruselas amenazó con pasar a la segunda fase del procedimiento de infracción, "el dictamen motivado", en el plazo de cinco días laborables "si no levantaba las condiciones ilegales impuestas por la CNE sobre la oferta de E.ON sobre Endesa".

Por otra parte, la Comisión ha optado por abrir un nuevo procedimiento sobre las nuevas condiciones pero según una "apreciación preliminar" y sin iniciar un procedimiento de infracción. Las autoridades comunitarias han dado un nuevo plazo, hasta el 13 de diciembre, a España para que responda a las objeciones de la Comisión. Todo ello supone una gran tranquilidad para el Gobierno español, que ve cómo se aplaza cualquier decisión mientras que, al tiempo, no se perturba la OPA de E.ON.

En relación con el asunto, el ministro de Industria, Comercio y Turismo, Joan Clos, advirtió ayer de que España no aceptará un trato distinto del dado a otros Estados miembros. El titular de Industria señaló que "sabíamos que había alguna parte del dictamen del ministerio que no era compartida por la Comisión".

La 'cláusula Ruhr Gas'

Clos se refirió especialmente a la "cláusula Ruhr Gas, que la Comisión Europea está intentando que corrija y todavía no lo ha hecho". Esta cláusula implica que si E.ON quiere vender ciertos activos de Endesa durante los próximos 10 años necesita obtener previamente la autorización de la CNE.

E.ON nació por un acuerdo político del Gobierno alemán, en contra de su organismo de la Competencia. Por estas razones, Clos insiste en que "nosotros queremos el mismo trato que el resto de países y no podemos aceptar un trato diferenciado".

Por su parte, el secretario de Estado, David Vegara, aseguró ayer que en los próximos días el Gobierno responderá a la "evaluación preliminar" del Ejecutivo comunitario. En opinión de Vegara, las condiciones fijadas a E.ON "son las razonables y se enmarcan en el respeto escrupuloso a la normativa europea".

Asimismo, Pedro Solbes, afirmó que, "el tema fundamental, que era posibilitar la OPA, se ha aceptado", subrrayando que de todas maneras, cuando se disponga del documento final de Bruselas "se estudiará y se reccionará en consecuenia," informa Europa Press.