El Parlamento pide una auditoría oficial del gasto en competencias no transferidas

El programa de trabajo para 2007 del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, el principal órgano auditor de la comunidad autónoma, puede traer consigo este año un nuevo conflicto. El Parlamento le fijó ayer un total de 27 materias para fiscalizar, entre ellas el gasto en competencias no transferidas, al margen de las que le vienen impuestas anualmente por ley. El tribunal rechazó el año pasado parte de las prioridades que le había establecido la Cámara al considerar que no podía responder a todas ellas con los medios de que dispone. Los grupos aprobaron por unanimidad las propuestas de trabajo de todos ellos, pero la presidenta de la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos, la peneuvista Covadonga Solaguren, recordó que el órgano auditor es soberano a la hora de fijar su programa de trabajo.

La comisión aprobó el listado de tareas que los grupos parlamentarios quieren que el Tribunal de Cuentas desarrolle el año próximo. Entre ellos destaca el estudio, solicitado por el PSE, del gasto, fijado por el propio Gobierno en 237 millones de euros, en el ejercicio de competencias aún no transferidas por el Ejecutivo central. Esta carga de prioridades que establecen los grupos parlamentarios no obligará sin embargo, al tribunal, según les advirtió la presidenta de la Comisión, la peneuvista Covadonga Solaguren. "Les recuerdo la plena libertad del Tribunal de Cuentas para elaborar su plan de trabajo, independientemente de las prioridades que le envíe este Parlamento", dijo al cierre de la reunión.

Esta cuestión se ha convertido durante este año en un motivo de enfrentamiento entre la Cámara y el tribunal, al decidir éste eliminar algunos de los encargos realizados por los grupos, lo que no había sucedido con anterioridad.

El órgano auditor había atendido siempre los requerimientos de la Cámara, de la que depende, pero el año pasado, al acumularse las peticiones de dos ejercicios -en 2005 se disolvió el Parlamento para convocar las elecciones- decidió no realizar algunos de los trabajos. Rechazó, entre otros, realizar el control del gasto de cuestiones políticamente muy significativas, como el plan Ibarretxe, lo que levantó el disgusto indisimulado de la oposición y, en particular, del grupo que lo pidió, el socialista.

A raíz de ello se sucedieron una serie de actuaciones parlamentarias que cuestionaron por vez primera el trabajo del órgano auditor y pusieron en cuestión su independencia del Ejecutivo. Se cuestionó además si el tribunal puede decidir por sí mismo eliminar encargos que le haya hecho la Cámara a través de la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos.

El PP, que sólo ha presentado cuatro peticiones de auditoría, referidas a los ayuntamientos de Bakio, especialmente en materia urbanística, y Salvatierra, a la Junta Administrativa de Arechavaleta (Vitoria) y al Instituto de Investigación y Desarrollo Agrario Neiker, se mostró crítico con la cantidad de prioridades fijadas por el PSE y el PNV. El popular Antón Damborenea consideró que ambos grupos han establecido una especie de competición para ver quién le plantea más trabajo al tribunal. A su juicio, es esta sobrecarga la que volverá a dejar las manos libres al órgano auditor para poder eliminar peticiones. "Es más operativo pactar entre los grupos un menor número de encargos y que tenga que atenerse a ellos", señaló.

Entre las 27 peticiones que el Parlamento remitirá al órgano auditor se encuentran, a petición del PSE, todos los planes de actuación política e institucional y todos los planes interinstitucionales elaborados entre los años 2000 y 2006. Sólo ello hubiera supuesto un trabajo tan ingente que el grupo socialista admitió ayer finalmente que se siga un sistema de muestreo para realizar ese control.

Al tribunal se le pide también que analice la legalidad del traspaso de responsabilidades del Departamento de Industria a la SPRI y la creación de la sociedad Basquetour, y que estudie posibles duplicidades y solapamientos de actividad.

Entre los entes, fundaciones, organismos y sociedades públicas, los grupos acordaron solicitar la fiscalización de sociedades con participación pública superior al 50%, tanto en su legalidad, como en los análisis previos y la justificación de su necesidad. Las cuentas de Musikene y Hobetuz figuran también entre los trabajos encargados, al igual que las del Consorcio de Aguas de Bilbao, Euskaltel o los ayuntamientos de Mondragón, Eibar, Pasaia, Gatika, Ormaiztegi, Santurtzi, Valdegobia, y el Instituto Foral de Bienestar Social alavés.