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Reportaje:

Primera prueba de fuego

Los gibraltareños votan mañana en referéndum la reforma de la Constitución tras los acuerdos con España y Reino Unido

El referéndum sobre la Constitución de Gibraltar que se celebra mañana es la primera prueba de fuego para el nuevo clima de cooperación y amistad inaugurado por los acuerdos hispano-británico-gibraltareños alcanzado en Córdoba el 18 de septiembre. Aquellos compromisos, que permitirán el uso conjunto del aeropuerto de la colonia -el primer vuelo de Iberia llegará el 18 de diciembre-, la agilización del tránsito a través de la Verja y de las comunicaciones telefónicas de los llanitos, así como la actualización de las pensiones de los españoles que trabajaron en el Peñón hasta el cierre de la cancela, en 1968, se consumaron sin menoscabo de las dos posiciones enfrentadas: la de España, que no cede un ápice en su reclamación de la soberanía sobre Gibraltar, y la de la colonia, que reclama su derecho a la autodeterminación.

La pregunta plantea que se vote la reforma "en el ejercicio de su derecho a la autodeterminación"

El ministro principal ha instado a la población a mantener buenas relaciones con España

Fue precisa mucha alquimia verbal e incluso arquitectónica -el famoso voladizo sobre suelo de La Línea que alojará a los policías españoles en la terminal de uso conjunto- para salvar los escollos que este conflicto interpone en una actitud de cooperación positiva, a la que España ha contribuido con una concesión importante: aceptar al ministro principal de Gibraltar como parte plena de un diálogo al que hasta ahora los llanitos hubieran podido concurrir sólo bajo el pabellón británico.

El acuerdo de Córdoba limita de modo muy preciso el campo de esta nueva interlocución exclusivamente a la cooperación transfronteriza. La negociación sobre la soberanía sigue reservada para Madrid y Londres. Pero es claro que si Gibraltar intentara utilizar su nueva posición de interlocutor igualitario para hacer valer su pretendido derecho de autodeterminación en foros internacionales, el Gobierno español no podría mantener la confianza necesaria para que se apliquen los acuerdos. Y la cosa sería grave, ya que el levantamiento de las restricciones europeas al tráfico aéreo sobre el Peñón, solicitado para abrir el aeropuerto al uso conjunto, tiene carácter irreversible.

Pues bien, el referéndum sobre la reforma de la Constitución incide directamente en este problema. La propia reforma, que pocas novedades podía aportar a la amplísima autonomía frente a Londres desarrollada por el Peñón al amparo de la Constitución de 1968, cuya aprobación dio paso a la mayor crisis registrada en torno al contencioso, fue concebida, sobre todo, como un recurso político para llegar a este referéndum del 30 de noviembre y convertirlo nada menos que en "el acto de autodeterminación" del pueblo gibraltareño. La pregunta pide, en efecto, a los ciudadanos que voten la Constitución "en el ejercicio de su derecho a la autodeterminación".

El tono de esta demanda causó algún resquemor entre la diplomacia española. Pero pesan más las garantías reiteradas por Londres a cada paso del proceso de que las posibilidades de autodeterminación de su colonia, opción que los británicos reconocen a Gibraltar como un derecho, están limitadas por el artículo 10 de Tratado de Utrecht, con su previsión de que el Peñón tenga que pasar a ser español si deja de ser británico. Es decir, que Gibraltar se puede "autodeterminar", pero sólo en un sentido muy limitado, no para ser independiente ni Estado libre asociado. El Reino Unido ha declarado, no obstante, que, con sus facultades actuales, el Peñón no merece ser considerado ya una colonia.

Un dato fundamental también para Madrid es que el ministro principal de Gibraltar, Peter Caruana, está actuando hasta aquí lealmente. En el fragor de una campaña difícil, Caruana no ha dejado de instar a su población a mantener buenas relaciones con España, de recordarles la vigencia del Tratado de Utrecht y de ofrecerles, en definitiva, pocas esperanzas de que su estatuto colonial cambie a corto plazo. Su oponente, el laborista Joe Bossano, ha amenazado con pedir el no si Caruana insiste en esos mensajes.

Un voto negativo de los apenas 30.000 convocados tendría consecuencias irreparables para Caruana y para todo lo que se ha tejido últimamente en torno al contencioso. El voto afirmativo, mucho más probable, abrirá un periodo de expectativa y valoraciones, pero permitirá seguir adelante con la cooperación tripartita. Hasta que la cuerda se tense por el otro lado, cuando España dé el paso inevitable, y probablemente próximo, de pedir la reapertura del Proceso de Bruselas y de las conversaciones bilaterales con el Reino Unidos sobre la soberanía del Peñón. Londres tiene ahí el freno de su compromiso con Gibraltar de no dar ningún paso hacia un cambio de estatuto que no quieran los gibraltareños. Este recurso, unido al artículo 10 de Tratado de Utrecht, pone en manos británicas todo lo necesario para que el contencioso dure otros 300 años.

[El Gobierno de Caruana emitió ayer un comunicado en el que urge a votar en el referéndum alegando que el texto consensuado con Londres reafirma el derecho a la autodeterminación. El nuevo texto constitucional, según Caruana, "preserva y reafirma" la soberanía británica del Peñón y concede a sus habitantes una relación "moderna y madura", que el propio Reino Unido "declara que no se puede considerar sobre la base del colonialismo". Además, la nueva Constitución "reafirma" el derecho local a la autodeterminación y, además, incrementa el autogobierno de la colonia permitiendo a las autoridades locales el control de su "destino y asuntos". Y se destaca el hecho de que represente "un significativo paso adelante" en la garantía de una independencia plena del sistema judicial gibraltareño, informa Europa Press].

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 29 de noviembre de 2006