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Los empresarios asumen la prohibición de construir en la franja costera

El presidente de la patronal se desmarca del PP y niega que se vaya a paralizar la economía

Los empresarios cambiaron ayer de parecer respecto a las restricciones de la Xunta a la construcción en la franja litoral. Lejos de las reservas iniciales de la patronal gallega, su presidente, Antonio Fontenla, garantizó su apoyo al presidente del Gobierno gallego, Emilio Pérez Touriño, con el que se reunió durante casi dos horas. Fontenla se desmarcó del PP, al negar que la ley pueda paralizar la economía de Galicia, y apuntó que sólo se bloqueará "alguna inversión concreta", lo que puede ser útil para evitar "un bum urbanístico como el de los años sesenta".

Touriño y la conselleira de Política Territorial, María José Caride, se reunieron con la directiva de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), a la que intentó convencer de que la futura ley de medidas urgentes de ordenación del territorio y del litoral es "una garantía para el crecimiento económico de Galicia". Sus explicaciones complacieron a la patronal, cuyo presidente aseguró "entender" el proyecto de la Xunta.

En la reunión, Touriño y Caride explicaron los pormenores del borrador de la ley, que impedirá a los ayuntamientos que no han adaptado su planeamiento -sólo diez lo han hecho, ninguno de ellos costero- desarrollar suelo urbanizable a menos de 500 metros de la costa. Frente a la reacción inicial, cuando la patronal alertó de eventuales distorsiones en el mercado inmobiliario, Antonio Fontenla se mostró ayer conciliador y dispuesto a trabajar "codo a codo" con la consellería.

Las consecuencias "no pueden ser tan trágicas", declaró.Lo que puede producirse es la paralización de alguna inversión determinada, pero no de la economía", matizó el presidente de los empresarios gallegos, que precisó que el bloqueo sólo afectará "al 10% o al 12% de la superficie construible de Galicia". Según apuntó ayer la Xunta, las medidas urgentes tendrán efecto "en 30 millones de los 600 millones de metros cuadrados situados a menos de 500 metros del mar en todo el territorio de Galicia", lo que, según aclaró Touriño a la patronal, representa el 13% de la superficie urbanizable de los municipios costeros.

Fontenla acudió a los recuerdos de su juventud para argumentar su aprobación a las restricciones de la Xunta. "Yo viví el bum urbanístico de los años sesenta, y nadie quedó satisfecho con aquello. No queremos un bum inmobiliario en la costa para la próxima generación", opinó el portavoz de los empresarios. El presidente de la CEG agregó que, de acuerdo con la explicaciones aportadas por Touriño, las restricciones "son importantes para salvaguardar la costa gallega".

500 metros

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Caride aclaró con los directivos de la CEG el alcance de la paralización, que, según matizó, será de 500 metros para la suspensión cautelar. "Después, será el Plan Territorial Integrado del Litoral donde se fije la distancia mínima en la que no se podrá construir en cada caso, que será de 20 metros en unos sitios y hasta de 500 en otros, y a la que tendrán que atenerse los planes generales de cada municipio", apuntó la conselleira de Política Territorial.

El presidente de la Xunta, mientras, explicó a Fontenla que Galicia "no puede seguir compitiendo en la degradación y destrucción del paisaje", por lo que anunció el compromiso de su Gobierno "con una Galicia de excelencia". Touriño recordó que las que entrarán en vigor a mediados del año próximo son "medidas cautelares", para poner fin a un modelo de urbanismo "insostenible".

El borrador de la ley de medidas urgentes también fue analizado ayer por la ejecutiva de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), cuyo presidente, Xosé Crespo, pidió a la Xunta que "no demonice a alcaldes y concejales" en materia de urbanismo.

La federación de ayuntamientos es partidaria de que "se ordenen las cosas", pero no acepta que se convierta a los alcaldes en el "chivo expiatorio" de los problemas urbanísticos. Crespo, del PP, recriminó a Caride un fallo "en las formas", ya que los directivos de la Fegamp se enteraron por los medios de comunicación, y no por la consellería, de las nuevas medidas. El también alcalde de Lalín reclamó "información de primera mano".

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