Caride reclama que la Guardia Civil vigile el urbanismo en la costa

La Xunta quiere que la Guardia Civil le ayude a controlar el urbanismo en el litoral. Con ese objetivo, la Consellería de Política Territorial entablará negociaciones con el Ministerio del Interior para que los agentes del instituto armado inspeccionen la franja costera de quinientos metros, que sufrirá fuertes restricciones a partir del año próximo, cuando entre en vigor la ley de medidas urgentes del control del litoral.

La conselleira de Política Territorial, María José Caride, firmó ayer un convenio con el Ministerio de Medio Ambiente para la protección y restauración del litoral, que supone la incorporación de los inspectores de costa del organismo que dirige Cristina Narbona al control medioambiental y de las edificaciones en la zona. Con el futuro acuerdo con el Ministerio del Interior, la Xunta quiere integrar a los agentes de la Guardia Civil en las mismas tareas.

Caride ya trasladó al delegado del Gobierno en Galicia, Manuel Ameijeiras, su intención de implicar al instituto armado a la vigilancia del urbanismo costero. El acuerdo tomará como base el que van a desarrollar Interior y el Principado de Asturias, que entrará en vigor en los próximos meses. De esta manera, el Gobierno gallego podrá ejercer de una forma más efectiva el control sobre una zona de fuertes restricciones, en la que estará prohibido desarrollar suelo urbanizable a partir de la entrada en vigor de la ley de medidas urgentes, en el segundo trimestre del año próximo.

"Queremos que la Guardia Civil nos eche una mano en la misma medida que los inspectores de la Dirección General de Costas", declaró ayer la conselleira de Política Territorial. Los servicios técnicos del departamento autónómico pasarán una propuesta de convenio al delegado del Gobierno, con el objetivo de perfilar el acuerdo con Interior.

Suelo urbano

La Xunta pretende que el acuerdo entre en vigor antes de que la nueva ley extienda la protección de la costa a los 500 metros, que impedirá a los ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes -la práctica totalidad de los costeros- desarrollar suelo urbano no consolidado. Caride explicó su intención de que el Ministerio de Medio Ambiente, la Guardia Civil y los ayuntamientos "compartan con la Xunta esfuerzos y recursos para algo tan básico como para detectar los problemas antes de que sean de difícil solución". "Es más fácil actuar sobre un problema incipiente que cuando el mal ya está hecho", precisó Caride.

El convenio con Medio Ambiente lo firmó el secretario general para el Territorio y la Biodiversidad, Antonio Serrano, con Caride y con los conselleiros de Medio Ambiente, Manuel Vázquez, y de Pesca, Carmen Gallego. Su objetivo global consiste en desarrollar actuaciones coordinadas entre las dos administraciones, que contribuyan a lograr una adecuada ordenación de la costa. El acuerdo establece un marco de colaboración entre el departamento de Cristina Narbona y las tres consellerías, para propiciar una gestión integral de las zonas costeras de Galicia, con políticas de gestión ambiental, urbanismo y ordenación del territorio.

El control del litoral por inspectores del Ministerio de Medio Ambiente está estructurado en las demarcaciones de Pontevedra, A Coruña y Lugo, que dependen de la Demarcación de Costas. Con el convenio, su incorporación a las tareas de vigilancia se amplía a la zona de dominio público de competencia de la comunidad autónoma.