Entrevista:JOSÉ ANTONIO MARTÍN PALLÍN | Magistrado emérito del Tribunal Supremo

"En urbanismo hay que ir a penas más duras"

El magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín participó ayer en las jornadas organizadas en Valencia por la asociación Abusos Urbanísticos No. Antes de su ponencia titulada Caos legal e inoperancia judicial, habló con este diario.

Pregunta. ¿Cómo combatir el urbanismo desbocado?

Respuesta. Existen instrumentos, pero dispersos. Hay leyes que consideran al sector del suelo y de la construcción como una entidad separada de aspectos como la ordenación, demografía, impacto medioambiental, infraestructuras... Estos dos ámbitos están absolutamente desconectados y habría que unirlos.

P. Para ello ¿es necesario una reforma legal o una interpretación más amplia de los jueces?

"El plan de Cullera es casi el delirio de una mala noche de verano"

R. El jueves se presentó en las Cortes la nueva Ley del Suelo y mantiene la misma concepción sectorial. Habría que hacer una ley integral de ordenación del territorio que abarcara todos estos aspectos.

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P. ¿Y respecto a la aplicación de la ley?

R. Desde el punto de vista de los tribunales administrativos, creo que el fracaso ha sido rotundo quizás porque el legislador no se ha tomado en serio la dimensión real del problema y no ha puesto en marcha los mecanismos procesales, materiales e instrumentales para dar una respuesta razonable. El ejemplo más claro es Marbella cuyo plan general se declara nulo 12 años después, cuando ya hay 33.000 viviendas ilegales. En el ámbito penal, en el código de 1995 se introduce el delito urbanístico quizá sin demasiada convicción. Siempre se ha dicho que los conflictos hay que solucionarlos por otras vías y que el derecho penal es el último cartucho. Y esto nos ha llevado a la situación actual. Mientras, estábamos presenciando una serie de delitos, no sólo urbanísticos sino prevaricaciones, falsedades, cohechos, mezclas de estos delitos de corrupción de funcionarios con organizaciones criminales dedicadas al blanqueo de dinero... El problema ha estallado y hay que utilizar el derecho penal a tope con todas sus consecuencias, en el urbanismo hay que ir a penas más duras.

P. Propone pisar el acelerador del derecho penal.

R. Incluso para los planes de expansión urbanística. El código castiga la construcción no autorizada en determinadas zonas y también a los funcionarios, normalmente alcaldes y concejales, que otorgan licencias de forma ilegal.

P. A veces se echa de menos más contundencia, por ejemplo, en la paralización de planes.

P. La paralización no se contemplaba por parte de jueces de lo contencioso-administrativo porque consideraban que era una cuestión discutible. Ahora se están empezando a aplicar estas medidas cautelares. En el ámbito penal, por supuesto, la medida cautelar también se podría adoptar con objeto de evitar que se produzca el delito. Se ha adoptado esta medida en una OPA [en referencia a la oferta de E. ON sobre Endesa], algo que resulta insólito, y esto [los problemas urbanísticos] es algo más que una OPA, de unas dimensiones incalculables para las generaciones futuras.

P. En la Comunidad Valenciana existe una paralización cautelar del TSJ a un plan en Parcent.

R. Me parece una buena medida. En la nueva ley del suelo se tendrá una especial vigilancia en los planes que aumenten la población por encima del 20% de la censada. Y ya va siendo hora, estas monstruosidades no podíamos seguir contemplándolas.

P. ¿Como en Cullera?

R. Lo de Cullera es casi un delirio de una mala noche de verano. No sé si los entusiastas promotores han caído en que el plan afecta a la cuenca mediterránea por lo que podrían intervenir mecanismos supranacionales. Nuestra última tabla de salvación son las instituciones europeas y las internacionales.

P. Ahí está la reprobación del informe Fortou de la UE.

R. Algunos no la comparten y creen que es algo ligero y frívolo. Es posible que se pueda discrepar de algunas de sus valoraciones (con algunas de ellas yo estoy absolutamente de acuerdo) pero no se les puede reprochar que desconozcan el problema, hablaron con todas las autoridades estatales, autonómicas, los tribunales de justicia, el Síndic de Greuges...

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