La Xunta asegura que no renunciará a proteger el litoral

Habrá diálogo, habrá concertación, pero la Xunta mantendrá hasta el final las medidas urgentes de ordenación urbanística de litoral que incluyen la prohibición de construir en los primeros 500 metros de costa. El presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, se esforzó ayer en dejar claro que el Gobierno gallego considera el territorio una "cuestión estratégica" y pidió responsabilidad a los municipios.

Touriño se mostró respetuoso con las críticas que la Federación Galega de Municipios (Fegamp) y la Confederación de Empresarios han dirigido contra la anunciada ley de protección del litoral y prometió "diálogo y concertación". No obstante, se mostró convencido de que la inmensa mayoría de los ciudadanos comparte que Galicia necesita una ordenación equilibrada del territorio y un urbanismo "razonable". "Este país vive un cambio sosegado, pero un cambio" que tiene como objetivo la modernización del país, advirtió.

En el mismo sentido se pronunció también el vicepresidente Anxo Quintana, según el cual "no es cierto que regularización signifique más actividad económica y menos desregularización".

Pérez Touriño puso como ejemplo de diálogo el acuerdo suscrito con los municipios en torno a la Agencia de Protección de la legalidad Urbanística, que ayer examinó el consello de la Xunta. Este organismo, que deberá velar por el uso racional del suelo para garantizar un desarrollo urbanístico ordenado, tiene todavía varios trámites pendientes antes de que el Gobierno ordene su creación.

Touriño también se defendió de las críticas que ha cosechado su decisión de hacer pública la prohibición de construir en los primeros 500 metros de costa meses antes de que la norma entre en vigor, en las que ayer insistió la diputada del PP Pilar Rojo. Los conservadores creen que el anuncio va a "incrementar la presión de los propietarios del suelo y de los constructores sobre los ayuntamientos y puede conducir a la criminalización social del urbanismo". Pero el presidente subraya que en democracia no hay otro camino que tramitar las normas, aunque sea por el procedimiento de urgencia.