Trujillo ve en la Ley del Suelo el primer paso contra la corrupción

Las negociaciones que ha llevado durante dos meses la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, con asistencia de su grupo en el Congreso, para convencer al resto de los partidos parlamentarios de la necesidad de una nueva Ley del Suelo han surtido efecto. La mayoría del Congreso rechazó ayer las dos enmiendas a la totalidad que presentaron el PP y CiU. Se produjeron 160 votos en contra, 136 a favor y cinco abstenciones del PNV.

El representante del BNG, Francisco Rodríguez, retiró la enmienda de su grupo tras obtener el compromiso gubernamental de revisar la ley para no perjudicar a los núcleos rurales gallegos. Todos los ajustes y cambios empiezan ahora en el trámite de comisión, en el que se debatirán, las más de 300 enmiendas de todos los grupos. La futura ley no es la panacea contra la especulación y el urbanismo salvaje, y menos contra la corrupción, según proclamaron todos los intervinientes, pero ayudará a que esos riesgos sean mucho menores. "Desde luego sin la colaboración decidida de las comunidades autónomas, que son las que tienen la mayoría de las competencias, y de los ayuntamientos nada se podrá hacer, pero el Gobierno ha hecho casi todo lo que la Constitución le permite", señaló la ministra en el debate del pleno del Congreso.

La ministra Trujillo, con la mirada atenta de su colega de Medio Ambiente, Cristina Narbona, explicó que la ley atiende criterios medioambientales, sociales y políticos. "Urbanizar no es producir solares; urbanizar es hacer ciudad, y, por tanto, también infraestructuras, dotaciones y equipamientos públicos", señaló Trujillo.

Con esta ley los crecimientos desmesurados serán más difíciles, porque tendrán que pasar el filtro del Plan General de Ordenación Urbana siempre que conlleven un incremento del 20% de la población o de la superficie urbanizable. Se establece un nuevo sistema de valoración del suelo, que tendrá en cuenta lo que es el terreno en el momento de la compra y no lo que llegará a ser una vez urbanizado. La reserva de suelo para vivienda protegida se fija en un 25%.

Los grupos que apoyan la ley tratarán de mejorarla a través de enmiendas, como explicaron Joan Herrera, de IU; José Ramón Beloki, del PNV y Josep Andreu, de ERC. "¿Alguno de nosotros está dispuesto a trasladar a los ciudadanos que las cosas están bien como están?", se preguntó retóricamente la ministra. "La opinión pública reclama medidas decididas que no acaban en el plano legislativo pero sí empiezan en él", proclamó.