El dilema de mudarse o recolocarse

"El traslado truncó en cierta forma mi carrera profesional y la de muchos de mis compañeros. La sentencia del Supremo prueba que fue una decisión arbitraria pero no puede resolver los problemas que ocasionó a muchos compañeros tanto en su vida personal como profesional". Éste es el testimonio de Ángel Jiménez, uno de los 126 trabajadores que se vio afectado por el real decreto que ordenó el traslado a Barcelona de la sede de la CMT.

Jiménez participó directamente en las negociaciones con el Ministerio de Industria y la CMT para conseguir arrancar al menos una compensación para los trabajadores que al principio sólo tenían el paro como alternativa al traslado forzoso.

La protesta sindical y la controversia política abocó al Ministerio a firmar un acuerdo el 1 de julio de 2005 que otorgaba generosas compensaciones para los empleados. Cada trabajador que accedió a mudarse recibió un pago fijo de 12.000 euros, un aumento de sueldo de al menos el 20% y ayudas a la vivienda de más de 10.000 euros anuales.

Con estas cifras se entiende que el traslado no le costara barato a la CMT. Sólo en compensaciones laborales el desembolso asciende a 18 millones. A esa cifra hay que sumar el coste del alquiler del edificio de Barcelona (Torre Mapfre), ya que la sede madrileña la tenía en propiedad. El organismo busca sin prisas una propia sede en Barcelona.

A los trabajadores que, pese a las ayudas, rechazaron el traslado se les garantizó una recolocación en organismos de la Administración Central.

Jiménez, de 32 años, casado y con dos hijos, optó por quedarse. Ahora trabaja en Red.es, un organismo dependiente del Ministerio de Industria.

De los 126 trabajadores fijos con que contaba la CMT cuando se publicó el decreto, permanecen 49 técnicos y 12 directivos. La plantilla actual suma, según el comité de empresa, 130 personas. La diferencia se ha cubierto con incorporaciones en Barcelona.

Tras la decisión del Supremo, el presidente del comité, Juanjo Pérez, advirtió de que estará "vigilante para que se respeten los derechos de la gente que se tuvo que trasladar, igual que los de la gente que hubo que recolocar y de los nuevos que se han incorporado aquí". Además del recurso de la Comunidad de Madrid, un "amplio grupo" de trabajadores, algunos directivos incluidos, interpusieron otro. Ayer, fuentes del regulador aseguraron que la CMT funcionó "con tranquilidad". La plantilla recibió un correo electrónico dando cuenta de la sentencia y de la voluntad de Industria de "subsanar" la falta de información que invalida el traslado según los jueces.