La Junta pide un millón de euros por "daño moral" en caso de que no se ejecute el cierre de Gran Plaza

La Junta de Andalucía pidió ayer en la vista oral del recurso de inejecutabilidad presentado por el Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería) y General de Galerías -propietaria de la superficie comercial Gran Plaza en la localidad- contra la sentencia del TSJA que declaró nula la licencia de apertura de este centro la ejecución de la misma. Los Comerciantes del Poniente (Copo) se manifestaron en el mismo sentido. Ambos exigieron una indemnización de un millón de euros por daños morales a la Administración si el juez declara la inejecutabilidad de la sentencia del TSJA, tal y como pide el Consistorio roquetero.

Sea cual sea la resolución que tome el titular del juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 de Almería, el juez Jesús Rivera, ésta será recurrida al TSJA bien por el Consistorio, comerciantes del Gran Plaza y General de Galerías Comerciales en caso no aceptar la inejecutabilidad; bien por la propia Junta y Copo en caso de aceptarla. La abogada en representación de la Junta insistió en su intervención en el juzgado que la sentencia debe ejecutarse, si bien anunció la petición de un millón de euros en caso de inejecución de la misma o 200.000 euros por su suspensión cautelar. Juan Miguel Cano, letrado del Centro Comercial Copo -que interpuso junto a la Junta el recurso contra la licencia de apertura del Gran Plaza- manifestó también la necesidad de su cumplimiento. "Entendemos que no existe ninguna causa ni material ni legal de inejecución y que por lo tanto debe ejecutarse y vamos a quedar a la espera de la resolución de su señoría", indicó.

El abogado que representa a 108 de los 135 comerciantes minoristas que ejercen su actividad comercial en la gran superficie, Francisco Torres, criticó la actitud de la Junta por pedir "directamente" el cierre. En su intervención en la vista oral Torres insistió en que todas y cada una de las licencias municipales con que cuentan los 135 minoristas son "firmes y consentidas, ya que ninguna ha sido impugnada por la Junta".

Por su parte, el presidente de General de Galería Comerciales y propietario del centro comercial, Tomás Olivo -imputado en el caso Malaya que investiga la corrupción en Marbella-, aseguró a las puertas de los juzgados de Almería que acatará "cualquier decisión judicial" que tome hoy el juez Rivera. Olivo defendió que había déficit comercial en la zona cuando General de Galerías solicitó por primera vez autorización a la Junta. "Creo que la Justicia nos dará la razón y mantendrá abierto el centro comercial", indicó. En relación con las denuncias sobre la ilegalidad de las obras de la gran superficie denunciado por el colectivo Manos Limpias en el Urbanismo de Roquetas -que triplican la superficie construida permitida- Olivo aseguró que éstas se hicieron de acuerdo a la licencia y al planeamiento urbanístico. "Había una rasante que atravesaba un cauce y hubo que modificar para evitar inundaciones en los aparcamientos", remachó.