Reportaje:

Recetas políticas contra la corrupción

Candidatos a ayuntamientos y comunidades proponen medidas para evitar los fraudes urbanísticos

La corrupción urbanística se ha convertido en una pesadilla para los partidos políticos ante casos que han salpicado a cargos públicos hasta el punto de forzar varias dimisiones en los últimos meses. EL PAÍS ha pedido propuestas para combatir el problema a los candidatos a alcaldes y presidentes autonómicos de alguno de los lugares donde se han producido casos de corrupción. Las principales recetas pasan por un mayor control y vigilancia para que se cumplan los planes de urbanismo (PGOU) y que no se recalifiquen terrenos rústicos al margen de éstos, mejorar la financiación de los ayuntamientos, una gestión compartida del urbanismo entre la Administración central, autonómica y local, y códigos éticos más exigentes en los partidos.

COMUNIDAD VALENCIANA. Información y transparencia

La Comunidad Valenciana tiene a varios alcaldes y concejales imputados por asuntos relacionados con recalificaciones urbanísticas. La propia Administración regional mantiene una pugna con las autoridades de la UE a cuenta de su legislación en materia urbanística.

Francisco Camps, presidente de la Generalitat valenciana (PP). Propuso una sola medida: "Todas las recetas se resumen en una: la estricta aplicación de la ley".

Joan Ignasi Pla, candidato socialista a la presidencia autonómica. "Los tres principios básicos deberían de ser la transparencia, la existencia de reglas iguales para todos y la información. Creo que es necesario prohibir las reclasificaciones de suelo rústico al margen de los planeamientos municipales, y establecer una ordenación supramunicipal que garantice infraestructuras y dotaciones y evite los planes urbanísticos a la carta. Además, ante cualquier indicio racional de corrupción, los partidos han de suspender de militancia a las personas implicadas".

Rita Barberá, alcaldesa de Valencia (PP). La alcaldesa del municipio que impulsa uno de los principales pelotazos a favor de un club de fútbol rechazó contestar a las preguntas de este periódico.

Carmen Alborch, candidata a la alcaldía de Valencia. "Hay que promover una cultura ciudadana favorable a un desarrollo sostenible y solidario del territorio que deje sin oxígeno las prácticas corruptas. Los beneficios derivados de los nuevos sectores urbanizables deben revertir en la sociedad en su conjunto. Además, hay que volver al Plan General de Ordenación Urbana como marco al que deben ajustarse los procesos de ordenación del territorio, y no aceptar ninguna recalificación al margen. Por último, creo que habría que aplicar con la mayor celeridad y eficacia los mecanismos legales de control y sanción existentes, que mejorarán con la nueva Ley del Suelo promovida por el Gobierno".

MADRID. Cumplir la ley, penalizar la especulación

En la Comunidad de Madrid, los escándalos urbanísticos han salpicado a los dos grandes partidos. Enrique Porto, jefe del Urbanismo en toda la región, un hombre de confianza de la presidenta Esperanza Aguirre, tuvo que dimitir tras descubrirse que aprobaba planes urbanísticos en los que había participado como arquitecto privado antes de pasarse a la política. Un alcalde socialista, Pedro Antonio Torrejón, lleva varios días en prisión tras destaparse un supuesto cobro de comisiones ilegales en Ciempozuelos por la recalificación de terrenos.

Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid. "Si hubiera recetas infalibles, las hubiéramos aplicado ya. La única receta es cumplir la ley y que el Estado aplique los mecanismos para perseguir a los corruptos. Nosotros hemos aprobado en la Ley de Acompañamiento una medida que consiste en que los municipios que cierren convenios urbanísticos con los promotores o propietarios de suelo no puedan ejecutarlos hasta que esté aprobado el Plan de Ordenación Urbana de ese municipio".

Rafael Simancas, candidato socialista a la presidencia regional. "Una nueva legislación estatal y autonómica sobre la ordenación del territorio que penalice la especulación; que valore el suelo en función de la calificación presente y no de la expectativa de calificación futura; que refuerce los mecanismos de intervención pública en la gestión de los nuevos desarrollos, incluida la expropiación (convenida, a ser posible), para asegurar la aplicación de beneficios al interés general; que asegure la elaboración de planes regionales de estrategia territorial para la determinación de los usos del suelo en cada ámbito en función del interés de la mayoría y no de los propietarios o promotores. Garantizar disciplina y transparencia en el planeamiento y la gestión urbanística. Mejorar los procesos de información pública sobre las decisiones urbanísticas, prolongando los tiempos de exposición y asegurando con medios eficaces su traslado a la ciudadanía. Abrir a la presencia de ciudadanos y medios de comunicación las reuniones de las distintas comisiones de urbanismo. Aplicar un código ético exigente en los partidos y reforzar el régimen de incompatibilidades de cargos públicos urbanísticos, imposibilitando su incorporación a la propiedad, gestión y beneficio de las empresas privadas del ámbito hasta transcurridos al menos 10 años".

MÁLAGA. Equipos honestos y fiscalías específicas

Sin casos judiciales por corrupción, el debate sobre la revisión PGOU de Málaga tiene espinosas discusiones sobre la construcción de cuatro torres en un suelo de Repsol que iba a ser parque y con la recalificación de un terreno del que es copropietaria la madre del alcalde.

Francisco de la Torre, alcalde de Málaga (PP). "Lo primero es una cuestión casi de Perogrullo, que haya equipos honestos. Seguridad jurídica con un planeamiento urbanístico claro y sin indefiniciones, dirigido por equipos profesionales, que no dé lugar a las interpretaciones, como ha ocurrido en Marbella, y mejorar los procedimientos de recalificaciones para que se hagan con transparencia. Que funcionen los controles legales, tanto los internos de los ayuntamientos (asesoría jurídica, secretaría e intervención) como los de la Administración autonómica".

Marisa Bustinduy, candidata del PSOE a la alcaldía de Málaga. "Potenciar las medidas para perseguir las actuaciones ilegales con la creación de fiscalías específicas para los delitos contra la ordenación del territorio, unidades especializadas dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad y mejorar la inspección fiscal. Someter a información pública los convenios urbanísticos que suscriban los ayuntamientos con los promotores. Impedir las reclasificaciones de suelo indiscriminadas, y que los suelos no urbanizables sólo puedan ser recalificados, fuera de un proceso de revisión del PGOU, en casos absolutamente excepcionales".

MARBELLA. Mejor financiación municipal y gestión compartida

Marbella es el municipio con mayores dosis de corrupción política de los últimos tiempos. El PP es el único partido ajeno a la prevaricación y el cohecho. El PSOE expulsó a sus concejales antes de que entraran en el gobierno corrupto.

Ángeles Muñoz, candidata del PP a la alcaldía de Marbella. "Los ayuntamientos necesitan otra vía de financiación alternativa al urbanismo, materia en la que han recibido competencias de las comunidades sin financiación. Debe haber más partidas para los ayuntamientos en los presupuestos autonómicos. El papel del control de los cuerpos nacionales debe ser más efectivo pues en Marbella se evidencia que han fallado, y los informes del secretario y el interventor municipal sobre los convenios urbanísticos sólo han tenido un valor testimonial. Su papel debe ser más relevante. Que le Administración autonómica utilice la vía penal y no la del contencioso-administrativo para actuar contra la concesión de licencias de obras que vulneren el planeamiento urbanístico.

Paulino Plata, candidato del PSOE a la alcaldía de Marbella. "Un modelo de gestión compartida del urbanismo entre ayuntamiento, Administración autonómica y Gobierno central que compartan en un mismo órgano los aspectos más importantes del planeamiento urbanístico, con lo que se conseguiría mayor precisión en las decisiones y hacerlas más rápidas y transparentes. Aplicación de las últimas tecnologías para permitir un control muy detallado en una geografía compleja que combina montaña y playa, se puede llevar un control casi al día de las obras. Es fundamental contar con un Plan General bien elaborado y transparente con la participación ciudadana que responda a las necesidades del municipio".

Información elaborada por Joaquín Ferrandis, Soledad Alcaide, Diego Narváez y Fernando J. Pérez.

LAS PROPUESTAS DE LOS CANDIDATOS

- Francisco Camps (PP, Comunidad Valenciana): "Todas las recetas se resumen en una, la estricta aplicación de la ley"

- Joan Ignasi Pla (PSOE, Comunidad Valenciana): "Prohibir las recalificaciones de suelo rústico al margen de los planeamientos urbanísticos municipales"

- Esperanza Aguirre (PP, Comunidad de Madrid): "Los municipios que cierren convenios urbanísticos con los promotores o propietarios de suelo no pueden ejecutarlos hasta que esté aprobado el Plan General de Ordenación Urbana de ese municipio"

- Rafael Simancas (PSOE, Comunidad de Madrid): "Permitir la presencia de los ciudadanos y medios de comunicación en las comisiones de urbanismo y aumentar el periodo de incompatibilidad de cargos urbanísticos a 10 años"

- Ángeles Muñoz (PP, Marbella): "Una nueva vía de financiación alternativa al urbanismo, debe haber más partidas para los ayuntamientos en los presupuestos autonómicos"

- Paulino Plata (PSOE, Marbella): "Un modelo de gestión compartida del urbanismo entre Ayuntamiento, Administración autonómica y Gobierno central que compartan en un mismo órgano los aspectos más importantes del planeamiento urbanístico"

* Este artículo apareció en la edición impresa del domingo, 19 de noviembre de 2006.

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