"La administración se ha dejado ir con las construcciones ilegales"

El presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz, Lorenzo del Río, en el cargo desde 1998, ha tenido que escuchar en las últimas semanas las quejas de fiscales, ecologistas, políticos y cargos públicos que han lamentado la falta de órdenes judiciales de derribo que puedan poner fin a los crecimientos irregulares en esta provincia. Del Río defiende la labor de los magistrados al tiempo que culpa del problema a la dejadez de las administraciones. El presidente reconoce además las deficiencias que persisten en los juzgados para atender a las víctimas de la violencia de género o a los menores.

Pregunta. ¿Se han logrado reducir los tiempos de espera en la Justicia?

Respuesta. En la Audiencia Provincial, no hay ninguna distorsión llamativa. Los tiempos son muy correctos, de entre 2 y 4 meses. El problema que detectamos es que llegan asuntos demasiado antiguos desde los juzgados, donde hay disfunciones. Ahí se observa que hay demasiado tiempo entre los hechos y cuando se juzgan.

P. ¿Y hay manera de solucionar ese problema?

R. Deberíamos buscar soluciones concretas como la unificación del proceso penal, abreviado o rápido. Hay que potenciar los juicios rápidos, y eso tiene una dificultad porque hay distorsiones en los juzgados. No hay fiscales, no hay policía para colaborar como se desea...

P. Y la separación de jurisdicciones entre penal y civil, ¿ha ayudado algo?

R. Es bastante positiva. Fue una medida que costó a los magistrados porque siempre te produce pena abandonar una jurisdicción y, además, a nivel interno, se pierde antigüedad. Pero te permite concentrarte en una materia y especializarte. Los señalamientos se centralizan mejor, los fiscales tienen una mejor agenda... Los ciudadanos terminarán percibiéndolo.

P. Hablando de fiscales. Han sido críticos con la falta de órdenes de derribos de construcciones ilegales. Dicen que los jueces no toman esta medida. ¿Lo comparte?

R. Yo hice un estudio ponderado en Jerez, Algeciras y Cádiz. En la mayoría de casos por construcciones irregulares, no había petición de orden de derribo, por las causas que fuera. Sólo en cinco o seis existía esa petición y en todas la admitió el juez, salvo una. No ha habido tantas peticiones de derribo salvo que a partir de hora se extiendan. La judicatura no es el principal problema del urbanismo ilegal. Aquí el problema es de falta de iniciativa pública. La administración se ha dejado ir. Es la falta de previsión delictiva. La administración tendría que tener medios para saber cuando se inicia una construcción irregular. El problema de las construcciones ilegales no lo provoca la Justicia, sinceramente.

P. ¿Y qué soluciones se pueden dar?

R. Lo que no podemos permitir es que se siga levantando irregularmente. Debe haber una apuesta pública. El problema es lo que ya hay levantado. Si es legalizable o no. Si no son regularizables, habrá que ir a una situación natural que es el derribo y la restitución: pero los jueces tenemos que esperar a que nos lo pidan. El juez no puede actuar de oficio.

P. La fiscal de violencia de género de Cádiz, Lorena Montero, advirtió de que la saturación de los juzgados daba tiempo a las víctimas a retirar sus denuncias. ¿Qué es lo que está ocurriendo?

R. Los juzgados sobre violencia están dando problemas porque compatibilizan sus funciones con el resto de procedimientos civiles y penales. Eso está produciendo unas distorsiones, muchas veces, diarias. Para el próximo año necesitamos cuatro o cinco nuevos juzgados especializados en Andalucía, entre ellos, Cádiz y Jerez.

P. ¿Se han solventando los problemas de la ley del menor?

R. Ahora se va está procediendo a una nueva reforma de la legislación. Los problemas eran la responsabilidad civil, porque obligaba a dos procedimientos diferentes; también sobre la responsabilidad de los que tienen entre 18 y 21 años; y, sobre todo, que es una ley que exige muchos medios en las medidas alternativas que contempla. Sería fundamental contar con medios para esas medidas que no son de aislamiento. Exigen medios y personas dispuestas a colaborar Muchas veces se dilatan y el menor no tiene respuesta. Lo deseable sería que el menor reciba el reproche y lo cumpla en tiempo.

P. ¿Y eso ocurre porque no hay medios o porque las entidades no quieren colaborar?

R. Las dos cosas. No había centros de internamiento, ni personal, ni todos los ayuntamientos se prestan. Exige un caldo de cultivo. Es un problema económico y de disposición personal y de entidades públicas o privadas.