Las ciudades de la justicia, en los cimientos

La Junta aprobó en 2001 un Plan de Infraestructuras Judiciales, con una inversión multimillonaria (500 millones en ocho años) para paliar la falta de medios en el sistema judicial andaluz. Los proyectos más llamativos eran las "ciudades de la justicia", nuevos complejos en los que integrar los órganos judiciales de las ocho capitales de provincia y Algeciras. A menos de tres años para la finalización del plan, las obras aún no han empezado en muchas ciudades.

- El compromiso de Chaves. El plan daba prioridad a las ciudades de la justicia de Málaga y Almería, que debían construirse en los primeros cuatro años, un primer plazo que no se cumplió. En su discurso de investidura (2004), el presidente de la Junta, Manuel Chaves, aseguró que esta legislatura se culminarán los proyectos de Málaga, Almería y Granada. La ciudad de la justicia malagueña será la primera que entre a funcionar en Andalucía: está previsto que lo haga antes de que finalice 2007, y será el edificio institucional más grande construido hasta el momento en la comunidad autónoma, con 69.458 metros cuadrados. El edificio permitirá reunir todas las instancias judiciales de Málaga, esparcidas ahora en siete sedes. La ciudad de la justicia malagueña, con un coste de 85 millones, se construye junto al campus universitario gracias a un convenio suscrito en 1998 entre las entonces consejera de Justicia, Carmen Hermosín, y la alcaldesa de Málaga, Celia Villalobos (PP).

Siete de los nueve complejos no estarán construidos antes de 2009, el plazo previsto

El edificio de Málaga será el primero en terminarse, a finales del próximo año

En Granada, el proyecto también ha cubierto buena parte de su recorrido. Aquí el objetivo, dada la peculiaridad de la capital granadina como sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, era reorganizar el espacio. El complejo administrativo de La Caleta, compuesto por tres inmuebles, se destinó a albergar todos los juzgados de primera instancia, los de la vía contencioso-administrativa y los de menores. Un edificio ya está funcionando, otro está en reforma y en el tercero aún no se ha redactado el proyecto. El traslado a La Caleta de los juzgados de primera instancia dejará espacio libre en el edificio que ahora ocupan en la Plaza Nueva, frente a la sede del TSJA. El inmueble de Plaza Nueva será ocupado por la Audiencia, que ahora tiene sus secciones repartida y el TSJA podrá utilizar en exclusiva el edificio de la Real Chancillería, que ahora comparte con la Audiencia.

De las tres ciudades de la justicia comprometidas por Chaves para esta legislatura, la de Almería es la que va más retrasada. La primera piedra se colocó hace un año y según el plazo de obra dado por la Consejería (44 meses), será muy difícil que se inaugure esta legislatura. El importe de adjudicación, incluida dirección de obras, es de 35 millones de euros. El nuevo edificio judicial dispondrá de una superficie de 29.965 metros cuadrados para albergar todos los órganos judiciales de la ciudad. El parlamentario Eugenio Gonzálvez (PP) mantiene que la Junta ya anunció este edificio en 1995.

- Proyectos aún en redacción. Algunas ciudades como Cádiz, Algeciras y Córdoba han superado la conflictiva fase de adjudicar suelo al proyecto y han enfilado ya la fase técnica para desarrollarlos. En cualquier caso ya no podrán finalizarse en el plazo previsto por el plan de infraestructuras (antes de 2009).

"Los tiempos no van como nos gustarían", afirma el presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz, Lorenzo del Río. El edificio que debe aglutinar todos los juzgados de la capital gaditana tenía que estar listo entre 2008 y 2009, aunque Del Río se da por satisfecho si lo ve funcionando en 2011. La Consejería de Justicia abrió el verano pasado el concurso para la redacción del proyecto de construcción del nuevo complejo, con un presupuesto de 31 millones y una superficie de 38.000 metros cuadrados. El retraso obligará a la Junta a trasladar provisionalmente a los bajos del Estadio Carranza los juzgados de la Cárcel Real, dado el mal estado de este edificio.

En Algeciras, tras varios años de litigio entre el Ayuntamiento, sobre todo en los mandatos de Patricio González (ex PA), y la Junta, que consideraba insuficiente los suelos ofrecidos, llegó el acuerdo en marzo pasado con las firmas del actual alcalde, Tomás Herrera (PSOE) y la consejera de Justicia, María José López. El Ayuntamiento ha puesto a disposición de la Junta 11.000 metros cuadrados de terrenos próximos a un colegio privado, donde un edificio de 20.000 metros cuadrados albergará todas las sedes judiciales. La Junta prevé que las obras comiencen a finales de 2007, tras la realización de todos los estudios previos y la redacción de proyectos.

El proyecto de la ciudad de la justicia de Córdoba también se presentó en marzo pasado: será un edificio de cinco plantas (53.625 metros cuadrados) que costará unos 70 millones. La Consejería sostiene que no hay una "fecha determinada para la inauguración". El plazo de ejecución total es de 62 meses contados a partir de marzo de este año, en el que se hizo cargo de la redacción del proyecto, tras licitación, una consultora. Por lo tanto, "el horizonte" de finalización, según la Junta, es el año 2011 o el 2012.

- Las más retrasadas. Las discrepancias entre la Junta y los ayuntamientos sobre el suelo en el que debían levantarse las ciudades de la justicia han sido muy acusadas en Jaén, Sevilla y Huelva, donde los proyectos van muy retrasados. En Jaén, la Junta inició el pasado mes de julio los trabajos de movimiento de tierras y excavación arqueológica en el solar donde se levantará la ciudad de la justicia de Jaén. La consejera de Justicia, María José López, no se atrevió entonces a dar ningún plazo para la terminación de las obras, y se limitó a asegurar que estos trabajos previos se prolongarán un año. El fiscal jefe de Jaén, José María Casado, tiene claro que la dispersión de órganos judiciales "repercute muy negativamente en el ciudadano y en los profesionales". En la misma sintonía se expresa el juez decano de Jaén, Saturnino Regidor: "El proyecto debe acelerarse al máximo". También el presidente del Colegio de Abogados de Jaén, Javier Carazo, se ha mostrado muy crítico. "Si vamos de esta forma, a trompicones, la tendremos dentro de 10 ó 12 años", declaró recientemente.

En Sevilla, la Junta prevé inaugurar la ciudad de la justicia dentro de seis o siete años. Se levantará sobre una superficie de 85.000 metros cuadrados en los terrenos del recinto ferial, conocidos como Los Gordales, junto a una futura estación de metro. El coste previsto por la Junta supera los 78 millones de euros, aunque para 2007 sólo prevé 1,14 millones para sacar a concurso la redacción del proyecto. Hasta entonces, y para solventar la falta de espacio y las deficientes infraestructuras de los juzgados sevillanos, la Junta ha tenido que recurrir a una "solución puente": alquilará un edificio de siete plantas y 12.000 metros cuadrados en la Avenida de la Buhaira y realizará obras en uno de los edificios del Prado de San Sebastián. Representantes de abogados, jueces y fiscales han aprovechado el anuncio para retomar su idea de que la ciudad de la justicia se ubique en el Prado de San Sebastián, una zona más céntrica. De hecho, las diferencias de criterio entre el Ayuntamiento (PSOE), la Junta y los profesionales explican que en los últimos años se hayan planteados seis emplazamientos distintos, aunque la Junta insiste en su apuesta por los terrenos del recinto ferial.

Huelva es la única capital que no tiene todavía asignados terrenos para la ciudad de la justicia. Por el momento, la solución intermedia que ha encontrado la Junta ha sido habilitar la antigua sede de la delegación de Educación, que se encuentra justo enfrente de los actuales juzgados, en los que se piensan invertir unos 3,6 millones de euros. Otra solución transitoria mientras se resuelve uno más de los eternos litigios que disputan la Junta y el Ayuntamiento de Huelva. El gobierno local (PP) quiere situar la ciudad de la justicia en el Ensanche Sur, como parte de una operación urbanística que la Junta ha impugnado ante los tribunales.

Información elaborada por Diego Narváez, María José López Díaz, Reyes Rincón, Manuel Planelles, Pedro Espinosa, Cándido Romaguera, Mercedes Díaz, Ginés Donaire y Manuel J. Albert