"Garantizamos la seguridad jurídica de las inversiones"

El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera (Cochabamba, 1963) aparenta, a pesar de un pelo que ya canea, menos años de los que en realidad tiene. Pasa por ser el ideólogo del Gobierno boliviano, algo que él lo rechaza tajantemente. De inspiración marxista, este matemático fundó el Ejército Guerrillero Tupac Katari para defender a los indígenas (63% de la población) y pasó cinco años en la cárcel. Junto a Evo Morales impulsa desde el Gobierno varias reformas, como la de la tierra, los recursos naturales (el gas y el petróleo suponen cerca del 25% del PIB del país latinoamericano) y la descentralización administrativa. Ha estado en España con su homóloga María Teresa Fernández de la Vega en busca del apoyo español, con el que las relaciones se han normalizado tras el conflicto que supuso la detención de directivos del grupo petrolero Repsol YPF y la modificación de los contratos de esta empresa en Bolivia en lo que llama "nacionalización del siglo XXI".

"Negociamos una serie de donaciones en áreas productivas y servicios básicos con España"

"Las firmas que pagan impuestos y generan empleo son bien recibidas"

Pregunta. ¿Ya está todo pacificado?

Respuesta. Hubo momentos de preocupación mutua, pero se comprendió lo que estaba sucediendo y ahora la relación es buena. Desde luego, alguna declaración poco afortunada no ayudó, pero el presidente Morales fue muy claro, aunque se dudara de sus declaraciones. Quiero aclarar, además, que la Fiscalía tiene una autonomía en la que el Gobierno no puede hacer nada. Es más, el fiscal no ha dejado de ponernos trabas en muchas negociaciones. Cuando la detención de directivos de Repsol en Santa Cruz, el Gobierno no tuvo nada que ver. Nos enterábamos por la prensa de lo que pasaba con Repsol. No es cierto lo que se dijo de que el Gobierno boliviano negociaba por un lado y daba palos por otro. El Gobierno no genera conflictos contra nuestra estrategia, va a la negociación y, en ese sentido, garantizamos la seguridad jurídica a los inversores españoles y extranjeros.

P. ¿A qué se debe su viaje?

R. Vengo de Alemania, donde he participado en un encuentro académico y reuniones con el Ejecutivo. Alemania es el país que más colabora con Bolivia.

P. ¿Más que España?

R. Posiblemente tanto como España o quizá un poco más.

P. La buena relación con España, ¿en qué se concreta?

R. He visitado a la vicepresidenta para preparar un encuentro en enero que será punto de arranque para un convenio económico. Negociamos una serie de donaciones en áreas productivas y servicios básicos (agua potable, luz, alcantarillado, ambulancias, tractores...), de microcréditos a pequeños productores, de temas de seguridad en emigración. También queremos consolidar la condonación de la deuda que tenemos con España y que se eleva a 110 millones de dólares con intereses. Fue una promesa de Rodríguez Zapatero.

P. Y consolidar inversiones españolas, ¿no?

R. Además de Repsol, hay más inversión de España. Está en el campo de los medios de comunicación, en electricidad, servicios..., y no tienen ningún problema, sus inversiones nunca han sido objeto de suspicacia. Las firmas que se mueven en la legalidad, que generan empleo y pagan impuestos son bien recibidas. Eso permite que la gente mejore sus condiciones de vida y deje de abandonar el país. Dijimos en la campaña, incluso a riesgo de recibir críticas de la izquierda más radical, que no íbamos a botar a las empresas.

P. ¿Ha visto al presidente de Repsol?

R. No.

P. El conflicto con Repsol, además de las retenciones de sus directivos, se produjo porque ustedes nacionalizaron el gas y el petróleo.

R. El Gobierno se propuso cambiar la propiedad y el control del gas y petróleo. Se trata de una nacionalización del siglo XXI porque no expropia ni expulsa a las empresas, pone unas nuevas reglas de juego en las que el Estado asume el control de toda la cadena. Significa que recupera la propiedad de los hidrocarburos cuando están bajo tierra y en boca del pozo y asume la responsabilidad y control de la comercialización y precios. Falta que lo refrende el Parlamento, adonde se lleva por primera vez. Lo hemos hecho porque queremos mostrar a la gente cómo trabajamos, que no hay cláusulas secretas, y que haya seguridad jurídica con las empresas. Fue un mensaje claro para que las empresas negociaran una por una y no como coalición sindical como intentaron. Había que hacerse fuerte para que las empresas negociaran.

P. ¿No teme que se vaya la inversión extranjera?

R. A las empresas extranjeras que inviertan en Bolivia se les respetará la propiedad de las instalaciones y se negocia un mecanismo de retorno de sus inversiones y de rentabilidad. En cierta medida es un acuerdo en el que a las empresas se les retribuye por un servicio en recuperación de inversión y en ganancia. El resto es de los bolivianos.

P. ¿Cómo se retribuye?

R. El 50% de la producción bruta es del Estado. Eso no se discute. El resto se distribuye según una fórmula que está en los contratos y que es flexible, depende de precios, volúmenes e inversión. Si la inversión es nueva, la recuperación es mayor; si ya ha recuperado casi la totalidad, en torno al 85% pasa a manos del Estado. Es una fórmula gradual que varía de trimestre en trimestre. Es decir, a más inversión más recuperación.

P. ¿Qué compromisos tiene Repsol?

R. Tiene inversiones en varios campos. En unos, como el Margarita que es el mayor del país, debe invertir e invertir y cuando empiece a vender a Argentina recuperará la inversión. En otros más pequeños, la mayor parte se la lleva el Estado. En los contratos firmados el 28 de octubre establecen una serie de principios para garantizar que los campos estén en producción en la fecha prevista. El 1 de enero, tienen que estar produciendo para en dos años vender a Argentina y entre seis meses y un año para abastecer el mercado interno. El problema fue que un decreto de 2001 eximió a las empresas de invertir, se ahorraron 1.600 millones y ahora estamos muy atrasados y si nos quieren comprar gas no podemos abastecer.

P. ¿Cómo va la reforma constitucional?

R. Ha sido un logro. La Asamblea Constituyente está funcionando desde el 6 de agosto, aunque ha tenido un despegue lento. Todos estamos de acuerdo en que la asamblea debe durar un año y en que el texto final sea aprobado por dos tercios y vaya a referéndum. La oposición plantea que cada artículo sea aprobado por dos tercios. Nuestra propuesta es que unos artículos se aprueben por mayoría absoluta y los conflictivos, como los referentes a tierra, la descentralización y los recursos naturales, por dos tercios.

P. ¿Hay conflicto en el reparto de la tierra?

R. Hay conflicto, pero no demasiado. Hemos propuesto que la persona que tenga tierras, que las produzca y si no que las tome el Estado para que las reparta entre la gente que no tiene. No es un proceso de expropiación generalizado, es garantizar la seguridad jurídica de las tierras, que cumplan una función económica, social. Si se usan para especular, pasan al Estado y se reparten entre pequeños productores.