Ex dueños del solar del nuevo estadio pedirán indemnización

Antiguos propietarios de terrenos afectados por la recalificación del solar donde se construirá su nuevo estadio anunciaron ayer que intentarán crear una asociación para exigir al Ayuntamiento de Valencia indemnizaciones acordes con las plusvalías de la operación. Los afectados entregaron suelo para un uso deportivo público que se privatiza. EU-L'Entesa calcula la compensación en 200 millones de euros.

La familia de Rosario Valls Comes poseía una alquería en una parcela de 831 metros cuadrados en el solar donde ahora se prevé el nuevo estadio del Valencia, en la avenida de las Cortes Valencianas. Como ella, otros 90 propietarios de la zona se vieron afectados por la reparcelación del llamado sector de Ademuz, con una extensión de más de medio millón de metros cuadrados. El gobierno local del PP, con Rita Barberá a la cabeza, reservó en ese plan un terreno de 90.000 metros cuadrados, que incluía la alquería de los Valls, para uso público deportivo. Sin embargo, la operación de Mestalla implicará la privatización de 70.000 metros cuadrados de esa parcela, donde el Valencia CF construirá el nuevo estadio tras derribar el viejo y construir viviendas en el solar de la avenida de Aragón.

El suelo del nuevo campo estará calificado como deportivo privado, de control exclusivo del club, que lo recibirá en una permuta aún por definir y que no encaja en las previsiones de la Ley Urbanística Valenciana (LUV), según un informe jurídico en manos de la plataforma vecinal que se opone al proyecto en Cortes Valencianas. Así, a un posible problema legal de la permuta se suma ahora la reclamación de antiguos dueños del suelo que tuvieron que ceder su parte en el plan como carga urbanística para una futura dotación pública que ahora será privada y con un beneficio que ingresará el club de Juan Soler. Según explicó ayer Rosario Valls, su familia recibió hace seis años por el terreno que entregó al agente urbanizador un importe por debajo del valor catastral. Valls ya ha iniciado los contactos con otros ex dueños para crear una asociación y exigir indemnizaciones al Ayuntamiento por la privatización de la que se beneficiará el Valencia CF.

La concejal de EU-L'Entesa María Victoria González, que acompañó a Valls, criticó la operación porque a su juicio es "absolutamente ilegal" y cifró en unos 200 millones las posibles compensaciones. La formación presentará alegaciones.

Por el contrario, el teniente de alcalde, Alfonso Grau, negó que las indemnizaciones sean posibles. "Los antiguos propietarios ya tuvieron su compensación por sus derechos, bien en retribución económica o en forma de suelo", indicó Grau. La alcaldesa insistió en que la operación es "legal".

A las dudas en torno al nuevo estadio se suma otra más. La parcela deportiva privada del Valencia CF será compatible con usos recreativos, entre los que las normas del plan general urbano (PGOU) citan las "instalaciones para la exhibición lucrativa de actividades deportivas", además de salas de fiesta, cines, etc. La descripción encaja en la de un estadio. Para esas instalaciones, cuando el aforo supera las 1.500 personas, se plantean exigencias concretas de salidas a la vía pública y el espacio libre abierto alrededor. En el caso del nuevo estadio, según esa previsión del PGOU, la anchura conjunta de las calles que rodean el campo debería sumar más de 700 metros, pero no alcanza los 300.

El proyecto incumpliría así esta exigencia, lo que rebate Alejandro Escribano, redactor del PGOU y miembro del equipo del Valencia CF que ha negociado la operación. Según Escribano, la parcela es dotacional, deportiva, con un uso recreativo que es "complementario, no dominante". El arquitecto considera que la aplicación a un nuevo estadio "llevaría a un absurdo" y asegura que se pensó para acotar la creación de macrodiscotecas en zona urbana.