La cita a "estándares establecidos" crea polémica en la ley de e-Administración
La nueva versión del borrador del anteproyecto incorpora todos los estándares, incluidos los abiertos, según el Gobierno - Andalucía y Extremadura no temen que la ley les impida apostar por la programación libre
Todos los ciudadanos tendrán derecho a solicitar información, realizar consultas, formular solicitudes o efectuar pagos a través de Internet con la misma validez que la gestión en la ventanilla presencial. La normativa que prepara el Gobierno pretende hacer realidad este escenario a finales de 2008 (administración central) y 2010 (autonómica y local), una medida estratégica para impulsar la sociedad de la información en España y, además, objetivo prioritario de la Unión Europea (UE).
El borrador del anteproyecto de Ley para el Acceso de los Ciudadanos a la Administración Electrónica, redactado por el Ministerio de Administraciones Públicas, está siendo consensuado con las comunidades autónomas, ayuntamientos y otras organizaciones, pero ha desatado la polémica en Hispalinux y otras cinco organizaciones más, que consideran que el actual redactado de la norma les "discrimina" porque les "obliga a utilizar los programas de una empresa concreta".
Las críticas se centran en si la ley garantiza o no el uso de estándares abiertos y la interoperabilidad de los servicios y gestiones por red.
El portavoz del Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África (IEPALA), Javier Picado, explica que "la ley no habla de estándares abiertos sino de establecidos. ¿Qué significa, de facto?".
El estándar abierto permite, con independencia del sistema operativo y del programa que se use, la compatibilidad entre diferentes plataformas. Por ejemplo, el protocolo de Internet TCP/IP comunica distintos sistemas en una red al igual que OpenDocument garantiza la compatibilidad entre documentos ofimáticos.
La Comisión Europea considera "vital" y "recomienda" el uso de normas, especificaciones e interfaces abiertas para garantizar la interoperabilidad de los servicios de e-Administración, pero no obliga. La última comunicación del ejecutivo comunitario, de febrero de 2006, especifica que el documento de trabajo elaborado por el Marco Europeo de Interoperabilidad es "una propuesta" que "no constituye una política oficial".
El anteproyecto de ley española obliga a soportar todos los "estándares establecidos". Según Juan Miguel Márquez, director general de modernización administrativa, significa "todos los estandares abiertos, pero también los mayoritarios aunque sean cerrados. Esto ya se recoge en la versión 2.0 del texto", que es distinta a la disponible en la página 060.es.
La norma también introduce en sus principios el concepto de neutralidad tecnológica "que implica la no dependencia de una tecnología o plataforma concreta". La postura del Ministerio, dice, es intermedia: "Impulsar el software libre, pero sin obligar a nadie a usarlo y sin cerrar las puertas al software propietario, siempre que se garantice la interoperabilidad entre sistemas", concepto que recoge la ley.
Reutilización tecnológica
A partir de enero, los 12.000 funcionarios de la Junta de Extremadura trabajarán con OpenOffice, un paquete de aplicaciones basadas en OpenDocument. La Junta andaluza regulará el uso de estándares abiertos en su Administración antes de fin de año. Ambas autonomías, punteras en el fomento del software libre, ven la ley como "oportuna, necesaria y equilibrada", y no temen que les impida mantener su apuesta tecnológica.
Julián Expósito, director general de coordinación e inspección extremeño, asegura que "da la posibilidad a las adminitraciones de declarar código abierto no sólo a las aplicaciones de su propiedad sino también las que liciten".
Francisco Vallejo, consejero de innovación andaluz, también la valora "positivamente" porque "coincide" con sus planteamientos e "incorpora" la reutilización de tecnologías de otras administraciones en un "repositorio común", medida que ya aplican en Andalucía y que estudia incorporar la UE.
Desde el Gobierno vasco coinciden en las valoraciones y añaden: "La ley no condiciona ni positiva ni negativamente el software libre y deja a cada administración libertad para regular". El ejecutivo de Euskadi, en cambio, sí ve elementos "insuficientes" en la mención a la firma electrónica avanzada.
Desde el Ministerio aseguran que se está trabajando con las comunidades para "clarificar y enriquecer". Por ejemplo: ampliar los sistemas de autentificación, unificar el registro electrónico o que los plazos de entrada en vigor de la ley sean iguales para todos.
Objetivo: recuperar el tiempo perdido respecto a otros países comunitarios.
El consejo asesor
En abril el Gobierno formó el consejo asesor de la Administración electrónica, un órgano compuesto por 19 empresarios, docentes y expertos del mundo tecnológico. Con sus recomendaciones, el ministerio ha redactado el borrador del anteproyecto de ley para el acceso electrónico de los ciudadanos a la Administración pública.
Los 19 integrantes del consehoi son: Rosa María García, consejera delegada de Microsoft Ibérica; Amparo Moraleda, presidenta de IBM España, Portugal, Grecia, Israel y Turquía; Luis Álvarez, presidente de British Telecom España; Juan Soto, presidente de honor de Hewlett Packard España; Carlos Vidal, presidente de Accenture España; Javier Cremades, abogado, presidente del Despacho Cremades & Calvo-Sotelo; Javier Gómez, presidente del Consejo Superior de las Cámaras de Comercio; Margarita Sánchez, ex directiva de TPI y de Índice Multimedia QDQ; Emilio Ontiveros, experto en innovación y nuevas tecnologías; dirigió la ponencia del CATSI que dio origen a las recomendaciones para elaborar el Plan Avanza; Ginés Alarcón, consejero delegado de T-Systems España; Luis Lada Díaz, de Telefónica de España; Miguel Pérez, presidente de la Asociación de Usuarios de Internet (AUI); Isabel Aguilera, directora general de Google para España y Portugal; Ana María Llopis, consultora independiente; Pedro Maestre, responsable de Organización y Sistemas en La Fraternidad, ex director del Centro Virtual Cervantes; Francisco García, director general de informática de la Comisión Europea; Marieta del Rivero, directora general de Nokia para España; Javier Monzón de Cáceres, presidente de Indra, y Santiago Cortés, director general de HP.
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