Un juez avala la fórmula del Consistorio para legalizar el Atrium

El Juzgado Contencioso Administrativo número 3 de Alicante ha desestimado el recurso interpuesto por el concejal Pedro Lloret Llinares (de Iniciativa Independiente) contra el acuerdo del pleno del Ayuntamiento de La Vila Joiosa de 4 de octubre de 2005 por el que se resolvió el expediente de disciplina urbanística 1/2004 sobre la restitución de la legalidad urbanística de las obras realizadas en el Hotel Atrium. El acuerdo contemplaba la elaboración de un Plan de Reforma Interior de Mejora (PRIM) para legalizar la construcción, en lugar de ordenar la demolición total del inmueble, que según Lloret, carecía de licencia y por lo tanto era ilegal. El PRIM aprobado contemplaba la demolición de 15.000 metros cuadrados de techo (sólo un tercio del exceso construido), e imponía una multa de 12 millones de euros a la promotora, Hotel Luna, SA, así como varias compensaciones para el municipio por el exceso de edificabilidad. Lloret destacó que la sentencia no es firme y recurrirá al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Por otra parte, tal y como reveló este periódico la nueva Ley Urbanística Valenciana (LUV) perdona hasta el 95% de la multa a las empresas que hayan aprobado un PRIM, por lo que la medida aplicada por el Gobierno del PP fue la más beneficiosa para el promotor. De esta forma, la mercantil responsable, Hotel Luna, SA, tendrá que pagar la cantidad simbólica de 600.000 euros, y no 12 millones, sanción que el anterior consejero de Territorio, Rafael Blasco, calificó de "ejemplar". No obstante, el alcalde del municipio, José Miguel Llorca, mostró ayer su alegría: "El tiempo es el juez inexorable que coloca a cada uno en su sitio". Para el primer edil el instrumento empleado, el PRIM, fue "el adecuado y ajustado a la legalidad". El Consistorio vilero incluyó en los presupuestos de 2005 el ingreso de 12 millones procedente de la sanción al Atrium, algo que no se ha producido. El Ayuntamiento se encuentra en la lista negra de la Sindicatura de Cuentas por no haber presentado el resultado económico de 2005.