¿Justicia interpretable?

Todo lo que puede ser mal interpretado es mal interpretado siempre, decía Dale Carnegie, el autor de Arte de la Estrategia (cómo ganar amigos e influir en las personas). Parece una boutade, pero no o es. Algo de razón debía tener cuando tanta gente utilizaba sus escritos como si de un manual de autoayuda se tratara. En España desde luego éstos deberían ser de lectura obligada en las escuelas, ahora que la educación cívica va a ser materia de aprendizaje.

Pero no solo en las escuelas, también sería muy útil su inclusión en los programas de oposición a la judicatura. Entre otras cosas para ayudar a los futuros magistrados a que moderen esa pertinaz proclividad a interpretar todo lo que cae en sus manos como si les fuera en ello su propia imagen de marca.

A poco que hayan seguido esa rocambolesca historia relacionada con el llamado caso del ácido bórico, sabrán que ahora la jueza Gemma Gallego ve delitos de falsedad en los jefes policiales de los peritos, justamente allí en donde el juez Baltasar Garzón no veía nada, o, más exactamente, donde este veía justamente lo contrario. Naturalmente el ciudadano común podría pensar que unas interpretaciones tan opuestas solo son posibles si estas se fundamentan en unas leyes, tan imprecisas como inútiles (lo que, por cierto, diría muy poco de nuestros legisladores, que son los que las hacen).

Nada sorprendente, por otra parte. Una prueba más de la dudosa calidad de uno de los pilares básicos de nuestra Democracia. Es verdad que esta no se nota mucho, porque los otros pilares (Parlamento, partidos políticos, medios de comunicación, etc.) exhiben a menudo indicadores claros de aluminosis persistente, pero corrobora en parte mi tesis básica de que en la España actual existe un enorme déficit democrático por contraste con los primeros años de la transición; aun a riesgo de que ello genere discusiones con mis colegas del café matutino, algunos de los cuales aún creen, de buena fe, que en este país, y en las actuales circunstancias, lo más importante sigue siendo la adscripción ideológica a la izquierda o a la derecha política.

Pues bien, según parece una de las razones de mayor enjundia para explicar que un juez haga una cosa, y otro, otra totalmente distinta, está en el hecho de que este ostente la condición de progresista o conservador. De manera que si usted pertenece a Jueces por la Democracia, por ejemplo, podemos suponer, sin excesivo riesgo, que sus decisiones beneficiarán al PSOE; pero si pertenece a la Asociación Profesional de la Magistratura, entonces el beneficiado será el PP.

Lo dramático del asunto es que, además, lo que es válido para un juez individualmente considerado, también lo suele ser para los órganos colegiados en los que estos participan (el Tribunal Supremo, el Constitucional, e, incluso, para la institución de gobierno de los jueces). En tales casos el asunto tendería a resolverse de manera muy simple: se cuenta el número total de sus componentes, se comprueba a qué tendencia pertenece cada cual, se suman las dos partes, y, voilá, la sentencia está servida de antemano.

Parece una broma de mal gusto, pero no lo es, entre otras cosas porque sus decisiones afectan directamente a las personas y a su propia libertad. Desde luego yo tenía otra opinión del Derecho cuando estudiaba. Claro que lo mismo les ocurría entonces a los estudiantes de periodismo, quienes jamás pensaron que la información veraz y contrastada acabaría importando un bledo a muchos de sus empleadores potenciales.

Hasta en la Economía, que es una ciencia bastante light, y que también dispone de escuelas de pensamiento diametralmente opuestas, hay numerosos asuntos que no están sujetos a discusión, se reclame uno más o menos progresista. Y en todo caso existe un consenso general al respecto de que aquellas cosas que están respaldadas por suficiente evidencia empírica, van a misa, como se dice.

Sin embargo, en la administración de justicia, al parecer, las cosas son diferentes. Si un mismo hecho no solo puede estar sujeto a interpretaciones distintas, sino que, además, estas casi siempre coinciden con la adscripción ideológica del juez de que se trate, entonces me pregunto ¿para qué tantos años de oposición, tanto tiempo de espera para los afectados, y tanta burocracia administrativa? Echémoslo a suerte y al menos nos ahorraremos el coste. Como demuestra la Ley de los grandes números, a la larga no se notará demasiado la diferencia.