El interventor de Marbella aclara que el Ayuntamiento rechazó cobros a Del Nido

El interventor del Ayuntamiento de Marbella, Juan Antonio Castro, aclaró ayer que el consistorio rechazó algunas de las facturas presentadas por José María del Nido, abogado del ex alcalde Julián Muñoz, entre 1999 y 2003. El presidente del Sevilla F. C. llegó a facturar al consistorio por los servicios de asistencia jurídica hasta 6,7 millones de euros. Castro señaló que dichas facturas fueron rechazadas "por los informes negativos que emití", a pesar de que admitió que los servicios como letrado de Del Nido "están basados en tasas reguladas por el Colegio de Abogados".

El interventor declaró ayer como testigo ante la juez titular del juzgado de Instrucción Número 1 de Marbella, Carmen Rodríguez Medel, por cinco diligencias previas de las 28 en las que se desglosan dos querellas de la Fiscalía Anticorrupción por presuntas irregularidades urbanísticas y pagos por servicios jurídicos. José María Del Nido estuvo presente durante parte de la declaración de Castro, ya que está imputado por un presunto delito continuado de prevaricación, fraude y malversación de caudales públicos junto a Muñoz.

La Fiscalía destaca en la querella que la facturación del abogado sevillano "resulta alarmante y desproporcionada" y resalta que percibió 348.587 euros (58 millones de pesetas) por unas alegaciones que salen a "100.000 pesetas por página".

En las otras cuatro diligencias, Castro se ratificó en el contenido de sus informes contrarios a los convenios urbanísticos presuntamente irregulares, incluidas permutas, enajenaciones de inmuebles y concesiones, llevadas a cabo por el consistorio en 1996, así como entre 2000 y 2003. "Los informes subrayaban la inexistencia de licitación pública, de informes emitidos por el secretario municipal en aspectos de tramitación o que afectaban a la materia económica. Y todos registrados en su fecha, porque hay quien dice que no están registrados", enfatizó Castro. Estos informes fueron transmitidos a los inspectores del Tribunal de Cuentas, que elaboró el Informe de Fiscalización de los ejercicios 2000 y 2001.

Esta segunda querella referida a los convenios urbanísticos se dirige contra el ex asesor Juan Antonio Roca, el ex alcalde Julián Muñoz, ambos en prisión por el caso Malaya, y contra el tasador José Mora, a quienes la Fiscalía atribuye irregularidades en los convenios y tasación de terrenos. El Ayuntamiento marbellí dejó de percibir alrededor de 136 millones de euros debido a las valoraciones irregulares de terrenos tras los convenios urbanísticos firmados por Muñoz, según la Fiscalía Anticorrupción.