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Bruselas acepta la construcción de un puerto industrial en Tenerife

El proyecto es impulsado por el Gobierno y criticado por ecologistas

La Comisión Europea ha aceptado las medidas medioambientales compensatorias presentadas por los Gobiernos español y canario y ha autorizado la construcción del puerto industrial de Granadilla (sureste de Tenerife). El macroproyecto es el sueño de las autoridades canarias desde hace décadas para "diversificar la economía insular" y convertir la isla en un enclave comercial de mercancías de América y Europa hacia África.

El macroproyecto, uno de los más criticados desde las filas ecologistas, comenzó con la idea de que ocuparía más de seis kilómetros de costa. El aprobado ahora por Bruselas prevé rellenar 78,6 hectáreas de terreno, una terminal de contenedores de 26 hectáreas, una zona comercial de 19,5 hectáreas, una planta de regasificación de 15 hectáreas y un dique de 55 metros de profundidad y 2,5 kilómetros de longitud. El muelle de atraque, de 880 metros, apenas es poco más del doble de la eslora de un solo barco portacontenedores de nueva generación.

La Comisión Europea entiende que existen "razones imperiosas de interés público de primer orden" que justifican la construcción del puerto industrial de Granadilla, aunque matiza que "siempre y cuando" se adopten las medidas compensatorias que garanticen "la coherencia global" de los hábitats incluidos en la red Natura 2000 de este litoral, como la tortuga caretta, las dunas grises, los sebadales y la Montaña Roja.

Primera fase: 136 millones

El proyecto, cuya primera fase tiene un presupuesto de 136 millones de euros, cuenta con el respaldo de los ministerios españoles de Medio Ambiente y Fomento, del Gobierno de Canarias, de todas las fuerzas políticas parlamentarias, de las cámaras de comercio, asociaciones empresariales y de la Autoridad Portuaria.

La principal justificación del proyecto se basa en diversificar la economía insular, casi en su totalidad dependiente del turismo; convertir a las islas en nodos de comunicaciones como Miami y Rotterdam y hacer de Gran Canaria y Tenerife dos grandes bases logísticas de trasvase de mercancías de América y Europa hacia África. Junto al puerto industrial, se prevé la construcción de un segundo aeropuerto en el sur de la isla, cuyos movimientos de tierra sean aprovechados para los diques del puerto.

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En todo caso, éste ha sido uno de los proyectos más contestados de la democracia en las islas. Una potente y activa plataforma de grupos ecologistas de toda Europa (entre ellos Greenpeace, Ecologistas en Acción, SEO Birdlife y Adena-WWF), junto a una amplia y heterogénea mezcla de más de 70 grupos ambientalistas, profesores universitarios, anteriores presidentes de la Autoridad Portuaria, plataformas ciudadanas reunidos bajo el nombre de Asamblea por Tenerife, han logrado concienciar y movilizar a miles de personas desde hace años para intentar paralizar el proyecto por considerarlo "el mayor atentado ecológico en todo el litoral español", en palabras de Greenpeace.

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