Un consejo escorado echa un pulso al Gobierno

Pronunciamientos políticos, elaboración de informes contrarios al Gobierno que nadie había pedido, lentitud en los nombramientos. En los dos años de convivencia del último Consejo General del Poder Judicial nombrado bajo mayoría absoluta del PP y el Gobierno socialista, el órgano de gobierno de los jueces se ha convertido en una de las principales tribunas de oposición a las políticas impulsadas por el PSOE.

El Consejo, dominado por 10 vocales propuestos por el PP frente a seis a propuesta del PSOE, uno de CiU y otro de IU, ha elaborado sin que se lo pidieran dictámenes contrarios a las propuestas más espectaculares del Gobierno socialista, como la regulación del matrimonio entre personas del mismo sexo o la reforma del Estatuto catalán. La comisión de estudios del Consejo llegó a aprobar un estudio en el que se comparaban las bodas gays con las uniones entre hombres y animales o entre más de dos personas.

Los vocales conservadores sacaron adelante otro informe contrario al proyecto de Estatuto de Cataluña aprobado por el Parlamento catalán, enfrentándose así de forma directa al Congreso, que días antes había rechazado una propuesta del PP para pedir consejo al órgano de gobierno de los jueces.

La confrontación política entre vocales también ha ralentizado los nombramientos de cargos judiciales, una de las principales funciones del Consejo, pero el consenso entre las sensibilidades representadas en él se ha incrementado a partir de la reforma legal que, desde 2005, amplió la mayoría necesaria para designar a magistrados del Tribunal Supremo y presidentes de Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) a tres quintos de los vocales, dando capacidad de bloqueo a la minoría progresista.

Hasta la entrada en vigor de esa reforma se designaron 20 magistrados del Supremo y 10 presidentes de TSJ, de los que sólo nueve eran afines a los progresistas. Desde que estableció la mayoría de tres quintos (enero de 2005) hasta el pasado octubre, los nombramientos que necesitaron este quórum fueron en total 22, de los que 11 fueron propuestos por los conservadores, nueve por los progresistas y dos por consenso de ambos grupos. El Consejo ha llegado al final de su mandato con cinco magistrados del Supremo por designar (dos de la Sala de lo Penal y tres de lo Militar) sobre los que actualmente se está negociando.

Lo que sigue son algunos rasgos de ocho de los 36 candidatos surgidos de las distintas asociaciones judiciales -la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, la progresista Jueces para la Democracia y la moderada Francisco de Vitoria- y dos de los cuatro no asociados. Son los más conocidos.

Vicente Magro / APM

Ferviente reeducador

Juez por oposición desde 1987, alcanzó su techo en 2001 al ser nombrado presidente de la Audiencia de Alicante. Aspira al Consejo por la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM). Magro, que fue senador del PP entre 1996 y 2000, ha desarrollado una densa y pionera actividad jurídica en el ámbito de la violencia machista, con la que impulsó en 2004 el primer protocolo para reeducar a los condenados (con suspensión de pena) por malos tratos. Por los cursillos han pasado más de 100 maltratadores de los que ninguno ha reincidido. Magro completó está iniciativa con programas similares para condenados por delitos contra la seguridad del tráfico y para la ejecución de penas mediante trabajos en beneficio de la comunidad.

Gemma Gallego / APM

La juez del ácido bórico

Gemma Gallego, juez de Instrucción 35 de Madrid, ha saltado a las portadas de los periódicos gracias a su investigación sobre una supuesta falsedad documental en un informe pericial de la Policía que relacionaba a ETA con el 11-M. Esa relación se basaba en el hallazgo de ácido bórico -usado como insecticida o desodorante- en la vivienda de Hasan el Haski (implicado en los atentados de Madrid) y un piso de ETA. Gallego heredó el caso de Baltasar Garzón, que se inhibió después de imputar a tres peritos por presuntas falsedades, y le ha dado la vuelta: ha anulado la imputación de los peritos, a los que Garzón acusó de buscar con su informe "intereses espurios" en colaboración con El Mundo, y ha procesado a sus superiores, exculpados y alabados por el juez de la Audiencia.

Margarita Robles / JpD

Ex viceministra en el Supremo

Fue la cuarta mujer en ingresar en la carrera judicial (1981) y la primera en presidir una Audiencia Provincial, la de Barcelona. Diez años después de que dejara el último Gobierno socialista de Felipe González, donde ocupó el cargo de secretaria de Estado de Interior en el superministerio de Justicia e Interior dirigido por Juan Alberto Belloch, Margarita Robles (48 años) ha pasado por las salas de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo, sucesivamente, participando en casos sonados, como la venta de Antena 3 a Telefónica, auspiciada por el Gobierno de Aznar y de la que, en su momento, solicitó la suspensión. Robles se ha pronunciado en reiteradas ocasiones a favor de un final dialogado de la violencia en el País Vasco.

Inmaculada Montalbán / JpD

En defensa de las mujeres

La especialización en temas de género es lo que ha dado notoriedad a Inmaculada Montalbán, magistrada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Esta granadina de 47 años fue experta de la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer del Senado y compareció en el Congreso para explicar el proyecto de Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. En 2003 ganó el Premio Nacional Rafael Martínez Emperador, otorgado por el Consejo General del Poder Judicial por su trabajo Perspectiva de género: criterio de interpretación internacional y constitucional. "El Poder Judicial se guía con códigos machistas, aunque cada vez menos", declaró a EL PAÍS en 2004. También fue candidata en 2001.

Manuel Torres Vela / FV

Firmeza en tiempos de Gil

Casi toda la carrera de Manuel Torres Vela (50 años), transcurre en Málaga, de cuya Audiencia fue presidente durante 10 años, en los que tuvo que hacer frente a asuntos espinosos. El hermano del ex presidente del Parlamento andaluz y actual candidato a alcalde de Granada por el PSOE, Javier Torres Vela, de carácter discreto, según sus compañeros, tuvo que cambiar las normas de reparto del tribunal para evitar que la que fuera juez decana de Marbella, Pilar Ramírez, juzgara asuntos en los que había intervenido relacionados con el Ayuntamiento siendo alcalde Jesús Gil, ya que tras cuatro años apartada de la carrera, Ramírez se reincorporó como magistrada de la Sección Segunda de la Audiencia. Esta sala veía los asuntos de Marbella y dictó la inhabilitación que costó la alcaldía a Jesús Gil.

Emilio Moya Valdés / FV

Viceconsejero por dos años

Emilio Moya, magistrado de la Audiencia de Las Palmas, fue viceconsejero de Justicia de Canarias por el PP en el Gobierno formado por ese partido y Coalición Canaria y presidido por Adán Martín. Su paso por la política duró dos años (desde las elecciones de 2003 hasta 2005, cuando los consejeros populares fueron destituidos), en los que logró la creación de 19 nuevos juzgados para las islas. Además, fue autor de un proyecto por el que se incentivaba salarialmente a los jueces que fueran trasladados a las islas desde la Península (una reivindicación histórica de los jueces canarios), con un suplemento de residencia al estilo del que disfrutan otros funcionarios, como policías o profesores. Debido a su salida del Gobierno canario, finalmente, no se aprobó.

Fernando Grande-Marlaska

Jaque a ETA en el alto el fuego

Como sustituto de Baltasar Garzón al frente del juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska se convirtió en uno de los jueces más populares del país. Después de que ETA proclamara el alto el fuego permanente, Grande-Marlaska, ahora adscrito a la Sala Penal de ese tribunal, cerró el cerco contra los terroristas con la renovación de la suspensión de actividades de Batasuna y la desarticulación de la red de extorsión de ETA. Además, persiguió a los principales dirigentes de la formación ilegalizada por su participación en manifestaciones y actos expresamente prohibidos, ampliando sus imputaciones de pertenencia a banda armada a la de amenazas terroristas. Se presenta al Consejo como no asociado.

Beatriz Grande Pesquero

La candidata más avalada

Ha batido el récord de avales conseguidos por un candidato no asociado que, hasta la fecha, ostentaba el vocal de consenso entre PSOE y PP, Agustín Azparren. Beatriz Grande ha obtenido 351 apoyos entre los jueces no asociados (los más numerosos en la carrera). Esta magistrada recién reincorporada a la Audiencia Provincial de Barcelona proviene de la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (de la que el PP suele extraer sus vocales), a la que estuvo asociada hasta que se integró en la Inspección del Poder Judicial. Propone exigir a las Administraciones más medios y personal para la Justicia. Promete luchar contra "el sistema de cuotas asociativas para el nombramiento de cargos" y medidas "para conciliar la vida profesional y familiar".

Información elaborada con la colaboración de S. Navarro, D. Narváez y J. M. Pardellas