El PP exige una minoría de bloqueo en el Poder Judicial para pactar su renovación
Los populares quieren 9 de los 20 vocales, lo que obligaría a negociar los principales nombramientos
La primera reunión entre la dirección del PSOE y la del PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, donde ahora mandan los conservadores, no augura un acuerdo fácil y próximo, según reconocen en los dos partidos. El PP ha reclamado mantener "la minoría de bloqueo" con 9 de los 21 miembros, lo que haría imposible sin su acuerdo la elección de los magistrados del Tribunal Supremo y presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia. El PSOE, por su parte, pretende que el nuevo Consejo refleje "la actual realidad parlamentaria, aunque sin disciplina de partido". El resto de los grupos está de acuerdo con estos últimos criterios, que darían al PSOE 9 vocales, ocho al PP y tres a repartir entre los grupos minoritarios.
La falta de acuerdo prorrogaría el actual consejo, lo que favorece al partido de Rajoy
El PSOE quiere que los nuevos vocales no hagan seguidismo de los partidos políticos
Sólo ha habido una primera aproximación, pero ese tanteo ha dejado cierto pesimismo respecto a un acuerdo inminente. En caso de que la negociación se dilate, el actual Consejo, que terminó su mandato el 7 de noviembre, se prorrogaría sine die hasta que fueran elegidos los nuevos vocales. Esa situación favorece al partido que lidera Mariano Rajoy, el PP, que conservaría durante ese tiempo su mayoría de vocales afines.
El portavoz del PSOE, Diego López Garrido, ha intercambiado "criterios" con el PP, CiU, PNV y ERC. La próxima semana lo hará con los responsables de IU-IC, Gaspar Llamazares y Joan Herrera; con Paulino Rivero, de Coalición Canaria, y, de nuevo, y con calma, hablará con el portavoz del PP, Eduardo Zaplana.
Los dos portavoces de los grupos mayoritarios tuvieron una primera conversación la pasada semana en la que expusieron sus pretensiones. El PP no ocultó que quiere "la minoría de bloqueo", es decir, 9 de los 21 vocales. Con ella puede evitar la elección de los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, así como el nombramiento de magistrados del Tribunal Supremo, que requieren 13 votos a favor, por lo que con los 9 del PP ya sería imposible la elección.
Según personas próximas a los negociadores, Zaplana planteó en la primera aproximación que el PP debería tener 10 vocales (justo la mitad), pero en el PSOE se consideró que los populares aspiran realmente a colocar a nueve personas en el futuro Gobierno de los jueces. En esa conversación, López Garrido le indicó a Zaplana que no era razonable que el PP tuviera esos nueve puestos toda vez que ahora toca "reflejar la actual mayoría parlamentaria". Así las cosas, el portavoz socialista apostilló que la capacidad de propuesta del PSOE tenía que ser idéntica a la que tuvo el PP hace cinco años. Zaplana replicó enseguida que el PP entonces tuvo una capacidad de propuesta acorde con su mayoría absoluta parlamentaria, mientras que el PSOE no la logró en las elecciones de marzo de 2004.
El actual Consejo se formó con 10 miembros a propuesta del PP, más su presidente (Francisco Hernando), es decir, 11. El PSOE propuso siete nombres; Izquierda Unida, 1; CiU, 1; y hubo una propuesta de consenso entre PP y PSOE que otorgó la plaza al juez no asociado que más avales consiguió entre sus compañeros.
El PSOE, grupo convocante de la primera reunión al ser mayoritario, pasó a exponer "los criterios" que quiere seguir para la renovación. En primer lugar, se trata de "reflejar la nueva realidad parlamentaria". Junto a esto, los socialistas ven esencial que los futuros vocales tiendan "al acuerdo, al diálogo y al consenso". Ese perfil busca que los futuros consejeros "no deban obediencia" a los partidos que los propusieron y, por tanto, que no hagan "seguidismo automático" de los grupos políticos. Ambos dirigentes se emplazaron a una nueva reunión que se celebrará esta semana.
López Garrido trasladó esos mismos criterios el pasado miércoles a Josep Antoni Duran Lleida, portavoz de CiU; Agustí Cerdá, nuevo portavoz de ERC, en sustitución de Joan Puigcercós, y Josu Erkoreka, del PNV. En principio, les parecieron bien dichos criterios, aunque todos quieren tener capacidad de propuesta. Casi es seguro que en esta ocasión el PNV sí tenga representación, ya que la perdió en la anterior negociación. Pero aunque el proceso no ha hecho más que empezar, el portavoz parlamentario socialista ha transmitido a personas de su entorno que "ve en Eduardo Zaplana voluntad de negociar", al margen de las demandas que de momento al PSOE se le antoja imposibles de satisfacer.
Dos años de retraso en RTVE
El temor de que la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) siga el mismo camino que el Consejo de Administración de Radio Televisión Española (RTVE) se ha asentado en la dirección socialista. La falta de acuerdo para la elección de un nuevo Consejo ha llevado a que el órgano de dirección del ente público lleve más de dos años de demora y, por tanto, que la representación sea la que surgió cuando el Gobierno de José María Aznar tenía mayoría parlamentaria.
De momento, la negociación de los dos órganos -RTVE y CGPJ- y la renovación parcial del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) caminará al unísono, pero si hay bloqueo por parte del Partido Popular sus vidas se separarán muy pronto.
No hay posibilidad de bloqueo en la renovación de la dirección de la radio y la televisión estatales, al contrario de lo que ocurre en el órgano de gobierno de los jueces, que sin el apoyo del PP y del PSOE no puede salir adelante, ya que el nombramiento de los vocales necesita el apoyo de tres quintos de los miembros del Congreso y el Senado, que se reparten las designaciones.
Según la nueva ley de medios de titularidad estatal, para el nombramiento de los miembros de sus consejos de administración se requerirá la mayoría de dos tercios de las Cámaras. Si no hay acuerdo se producirá una segunda votación transcurridos dos meses, y entonces será suficiente el apoyo de la mitad más uno.
Al grupo socialista le bastaría en ese caso el voto de los partidos que le apoyan en las Cortes para renovar el órgano de dirección del ente público.
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