Aragón y Castilla-La Mancha advierten que no cederán en el conflicto del agua

Los Gobiernos de Aragón y Castilla-La Mancha advirtieron ayer al Ejecutivo central de que defenderán "con uñas y dientes" sus propuestas de reforma estatutaria, que incorporan nuevas competencias sobre la gestión de los ríos Ebro y Tajo hasta hacer inviable el trasvase de agua a las comunidades de Murcia y Valencia. La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega abogó por afrontar el problema con "perspectiva de Estado" para hallar una solución "que dé satisfacción de manera equilibrada a los intereses de todos los ciudadanos y todos los territorios", y defendió la necesidad de "aunar las voluntades territoriales y la soberanía nacional".

Los presidentes de Aragón y Castilla-La Mancha, que cuentan con el apoyo de los grupos parlamentarios del PP en sus comunidades, anunciaron ayer que no se arrugarán ante las presiones para cambiar sus propuestas de reforma estatutaria. El PSOE pretende armonizar los intereses de todas las autonomías e impulsar modificaciones legislativas que permitan a las comunidades estar representadas en las distintas confederaciones hidrográficas que hay en España. A cambio, quiere suavizar en el trámite de enmiendas en el Congreso los textos estatutarios de Aragón y Castilla-La Mancha para evitar el rechazo de los socialistas valencianos y murcianos.

Diputados nacionales del PP y del PSOE de Murcia y Valencia han avisado ya de su negativa a votar los textos de Aragón y Castilla-La Mancha por lo que suponen de agresión para sus autonomías. Aragón se reserva una cantidad anual de 6.500 hectómetros cúbicos del Ebro (casi el doble de lo que consume ahora), mientras Castilla-La Mancha prohíbe el trasvase al Segura a partir de 2015. "Diga lo que diga el PSOE, diga lo que diga el PP, una proposición hecha por unanimidad de las Cortes de Castilla-La Mancha tiene que ser estudiada con respeto y atendida", señaló ayer Barreda. Los Gobiernos del PP en Valencia y Murcia pidieron a Zapatero que no permita la aprobación de "estatutos inconstitucionales".