Las familias personadas en la causa por el accidente del metro ya son 26

En la causa abierta por el Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia por el accidente de metro del pasado 3 julio en el que fallecieron 43 pasajeros, son ya 26 las familias de las víctimas personadas para ejercer la acción penal correspondiente. Mientras el juzgado espera que concluyan varios informes técnicos aún pendientes para tomar decisiones, Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) ha cerrado ya un acuerdo de indemnización con una de las familias, la de Sandra Milena, de 190.000 euros. La compañía podría cerrar en breve la compensación con otros afectados.

Presidencia de la Generalitat, el pasado 10 de agosto, les ofreció 25.000 euros. Eran un anticipo. Pero esa responsabilidad patrimonial fue inmediatamente recurrida por el letrado de la familia de Sandra Milena. Sus pretensiones respecto a FGV eran mucho más altas y tenía a su favor decisiones judiciales como la de la Audiencia Nacional respecto a las indemnizaciones por las víctimas del cámping de La Nieves, en Huesca. Y el pasado 26 de octubre, FGV firmó un nuevo decreto en el que volvía a admitir la responsabilidad patrimonial y la fijaba, en este caso concreto, en 190.000 euros, acogiéndose al criterio general establecido en el fallo de la Audiencia Nacional sobre Biescas.

La familia de Sandra Milena no es la única. Esta misma semana, FGV ha tenido contactos con algunas de las familias afectadas para tratar de cerrar en breve un acuerdo que también estará guiado por la misma sentencia de la Audiencia Nacional.

FGV, según fuentes próximas, no se plantea condicionar la indemnización a las víctimas o sus familias en virtud de la permanencia o no en la causa como acusación particular.

Si la responsabilidad patrimonial que resultara de llevar adelante la acción penal resultara ser mayor, los afectados podrían cobrar la diferencia. Y tampoco el hecho de que se retiren de la causa garantiza a la Generalitat o a FGV que el procedimiento no siga adelante. En el supuesto de que desaparecieran las acusaciones particulares, si el ministerio público aprecia indicios de responsabilidad penal por lo ocurrido, el caso seguirá adelante. Lo que sí queda cerrado después de aceptar la indemnización propuesta por FGV es la vía administrativa. No hay más posibilidades de reclamar más responsabilidad patrimonial.

La Asociación de Víctimas de Torrent explicó ayer que FGV aún no se había dirigido a ninguno de sus miembros para cerrar ese acuerdo pero que esperaban que la propuesta fuera trasladada en breve.

Por otra parte, el Consell autorizó ayer a la Consejería de Transportes para que licite las obras de soterramiento de la línea 3 de FGV a su paso por Alboraia. La inversión prevista es de 62,7 millones de euros, a financiar entre la Generalitat y el Ayuntamiento de la localidad.