China ordena a los jueces que limiten al máximo las penas de muerte

El Tribunal Popular Supremo chino ha ordenado a los jueces de todo el país que limiten al máximo el recurso a la pena de muerte, que sólo deberá ser pronunciada en "un número extremadamente pequeño" de ocasiones. "En aquellos casos en que el juez tenga posibilidad legal de ordenar la muerte o no, debería optar siempre por el no", aseguró Xiao Yang, presidente del más alto tribunal chino.

Pekín puso en marcha el año pasado una reforma del sistema judicial para poner fin al uso indiscriminado que se ha hecho de la pena capital durante las dos últimas décadas. El proceso ha desembocado en la aprobación a finales del mes pasado de una legislación que entrará en vigor el 1 de enero, y que exige que cualquier condena a muerte dictada en todo el territorio tenga que ser sancionada por el Tribunal Popular Supremo antes de poder ser ejecutada. El tribunal central recupera así una prerrogativa que cedió en 1983 a favor de los altos tribunales provinciales para determinados delitos.

La pena máxima será, supuestamente, reservada para "crímenes que ponen en serio peligro la seguridad pública y el orden social", incluidos terrorismo, robo, violación, colocación de bombas, secuestro o tráfico de drogas, según la agencia oficial Xinhua. Xiao afirmó que no deberá ser aplicada a aquellos criminales que se entreguen a la justicia o colaboren para resolver los casos.

Secreto de Estado

China considera el número de ejecuciones un secreto de Estado, aunque las organizaciones de derechos humanos estiman (y así lo señaló también un diputado de la Asamblea Popular en 2004) que asciende a unas 10.000 al año. Cerca de 70 delitos -la mayoría no violentos- pueden conducir al cadalso, algunos de ellos con definiciones tan vagas como "dividir la nación" o "entregar secretos de Estado al extranjero". Los condenados reciben un tiro en la nuca o una inyección letal.

Pekín pretende con la legislación disminuir el número de personas ajusticiadas cada año, y responder a la presión internacional y a las críticas que han surgido dentro de sus propias fronteras entre académicos, jueces y expertos legales, escandalizados por las altas cifras y los errores judiciales. La prensa local se ha hecho eco en los dos últimos años de algunos casos en los que tribunales ordenaron la ejecución de gente inocente, a quienes se arrancó la confesión por medio de tortura.

China se comprometió ante la comunidad internacional a mejorar la situación de los derechos humanos antes de los Juegos Olímpicos de 2008. Pekín, sin embargo, rechaza abolir la pena capital. "Todavía no se dan las condiciones para prohibir la pena de muerte. Aún es necesaria para garantizar la seguridad del Estado y proteger a la gente", ha asegurado Xiao.

Por otro lado, tan sólo el 0,66% de los acusados en casos criminales en China entre 1998 y septiembre de 2006 (41.000 de un total de 6,2 millones) fueron declarados inocentes, según informó ayer la prensa local.