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La corrupción urbanística

El alcalde de Roquetas recalificó una finca de su familia para un centro comercial ilegal

Su cuñado vendió el suelo con plusvalías millonarias a un implicado en el 'caso Marbella'

El alcalde de Roquetas de Mar (Almería) y presidente del PP de esa provincia, Gabriel Amat, recalificó en 1997 como urbanizable un terreno propiedad de una empresa participada por su esposa, un cuñado y dos socios suyos. La venta posterior del terreno reportó unos beneficios a esa sociedad de más de dos millones de euros sobre el papel. En ese suelo se levanta hoy el centro comercial Gran Plaza, cuya licencia de apertura anuló el pasado 9 de octubre el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Su promotor es Tomás Olivo, uno de los empresarios implicados en el caso Marbella.

El centro comercial Gran Plaza debe cerrarse en dos meses. La historia del terreno donde está ubicado comienza en 1990, cuando Gabriel Amat, entonces concejal por un grupo independiente, y su esposa, María Pintor Moreno, lo compraron por 74 millones de pesetas (447.153 euros). Dos años después, vendieron esa finca por 474.799 euros a la sociedad Inmaculada Algaida SA. En dicha sociedad aparecen como responsables Juan Miras Monedero y José Pomares García, socios de Amat en al menos otra sociedad (Residencial Villadolores de Aguadulce SA), y Miguel Pintor Moreno, hermano de su esposa.

Más tarde, al ser acusado por un concejal independiente de estar favoreciendo a su familia, Amat reconoció que también su esposa tenía un 10% de la sociedad que compró su propio terreno sin apenas beneficio. "Mi mujer se quedó con un 10% porque éramos todos amigos los que estábamos en esa finca", explicó el alcalde, en conversación telefónica con este periódico, el pasado día 3. Dijo no recordar cuándo vendió su esposa esta participación, si antes o después de la recalificación.

En 1997, ya como alcalde de la localidad, Amat aprobó un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en el que la finca pasaba a ser industrial y, por tanto, urbanizable. Con su valor automáticamente multiplicado, fue vendida por 2,3 millones de euros a General de Galerías, la empresa de Tomás Olivo, implicado en la operación Malaya por el pago de comisiones ilegales en el escándalo del Ayuntamiento de Marbella. La compra se realizó con cheques de oficinas bancarias de Marbella.

Tras consultar con varios expertos, fuentes del PSOE de Roquetas aseguran que el valor real de mercado del terreno en esa época podría haber alcanzado los 18 millones de euros, por lo que sospechan que la cifra consignada en la escritura pudo ser falseada.

"Es un disparate de personas que no saben lo que están diciendo", respondió Amat. "Hoy lo puede valer, pero es después de todo lo que se ha hecho" en Roquetas. Respecto a las acusaciones de favorecer a su familia, dijo: "La recalificación se hizo en el 97, cuando yo ya no era dueño de la finca. Ojalá hubiera sido mía y hubiera obtenido la plusvalía de la recalificación. ¿Mi delito es que compré una finca en el 91 y la vendí en el 92?". Sobre Juan Miras, declara que "no es socio" suyo, a pesar de que ambos aparecen como tales en Residencial Villadolores de Aguadulce SA, empresa activa al menos hasta el año 2000.

El centro comercial Gran Plaza siempre ha estado bajo sospecha, ya que se le dio la licencia de apertura ignorando el informe contrario de la Junta de Andalucía. El Gobierno regional acudió a los tribunales, y el pasado octubre, el Tribunal Superior de Justicia publicó la sentencia que declara nula la licencia. Deberá cerrarse antes de dos meses. El Ayuntamiento de Roquetas presentó el pasado día 3 en un juzgado de Almería un recurso para pedir que no se ejecute la sentencia. Según datos del consistorio, el centro Gran Plaza supone 2.345 empleos directos y 1.720 indirectos para la localidad, además de una enorme influencia comercial en la provincia.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 9 de noviembre de 2006