Doménech admite que asesoró a los dueños de suelo del 'Manhattan'

El ex gerente del Instituto Valenciano de Vivienda (Ivvsa) José Fermín Doménech admitió ayer que fue abogado de la agrupación de interés urbanístico de la Vega de Cullera antes de asumir desde el organismo de la Generalitat la planificación del plan del Manhattan, que prevé la construcción de 35 rascacielos junto a la desembocadura del Júcar. Doménech fue asesor jurídico de la agrupación entre 1991 y julio de 1999 y no ve "ninguna incompatibilidad" con el hecho de que a finales de 2003, como responsable del Ivvsa, firmara un convenio con el Ayuntamiento de Cullera -gobernado por una coalición liderada por el PP- para impulsar el desarrollo urbanístico de la Vega. Propietarios de suelo de la agrupación en los años noventa continuaban en ella cuando se firmó ese acuerdo, a lo que Doménech resta importancia: "Eran 150 propietarios, traté con todo el mundo, no hay ninguna incompatibilidad".

El ex gerente rechazó una supuesta "teoría de complicidad con Cullera" y aseguró que también ejerció como abogado para ayuntamientos de izquierda con los que luego acordó actuaciones de vivienda protegida (VPO) desde el Ivvsa. Doménech rebajó el protagonismo del Ivvsa en el plan y lo defendió como "única operación" en la costa con gestión pública y 1.170 VPO, frente a otros proyectos, como el elaborado desde la actividad privada por dos ex responsables de la Generalitat socialista, Gerardo Roger y Luis Casado. Sobre ese plan, el portavoz socialista de Cullera, Joan Grau, recordó que se adjudicó en 2000 por concurso por un consistorio gobernado por el actual alcalde, Ernesto Sanjuán, del PP. Grau destacó que la propuesta trasladaba el puerto al otro lado del Júcar, "esponjaba" la zona con viviendas a ambos lados del río -cerca de 6.000 en total- y reducía alturas. El portavoz socialista sostiene que la moción de censura que apartó al PP de la alcaldía en 2001 fue determinante para que la Generalitat rechazara aquel plan, que ha sido sustituido por el actual, pendiente de ratificación. Roger subrayó que se atuvo a las directrices municipales y de la Generalitat.