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El fiscal ve homicidio imprudente en el incendio de la residencia de Massamagrell

El juez mantiene imputados a los dueños del centro por la muerte de cinco internos

Las diligencias de investigación sobre el incendio en la residencia San Lorenzo de Brindis de Massamagrell en el que murieron cinco personas aún están en marcha. El fiscal ha pedido la práctica de nuevas pruebas y de forma preliminar aprecia indicios de delitos. Según fuentes de la fiscalía, los cuatro imputados, dueños del establecimiento, podrían haber cometido un homicidio por imprudencia por las deficiencias en el sistema de evacuación de los enfermos. Los fallecidos, discapacitados psíquicos y con serias dificultades de movilidad quedaron atrapados en la enfermería.

Se vieron atrapados por el fuego. Un cortocircuito prendió en la enfermería de la residencia San Lorenzo de Brindis a las 19.37 del pasado 28 de marzo. La estancia se convirtió en una ratonera. Nadie pudo sacarlos. Los bomberos encontraron sus cuerpos calcinados sobre los hierros de las camas en las que descansaban. La policía calificó de irreconocible el estado de cada víctima. Los bomberos, que murieron en una ratonera. Las puertas ignífugas evitaron una tragedia mayor, pero no dieron opción a quienes se vieron sorprendidos por las llamas e impedidos para hacerles frente. Junto a los enfermos no había nadie que pudiera haberles auxiliado. Y las sustancias propias de una enfermería actuaron como un activador del fuego. Las tres ventanas de la estancia, grandes, no daban acceso a ninguna parte, no permitían sacar a nadie en una situación como la que se desencadenó aquella tarde y que costó la vida a cuatro varones, entre ellos el padre de los dueños del centro, y a una mujer.

El fiscal ha solicitado nuevas pruebas después de una conclusión muy preliminar en la que estima un posible delito de homicidio por imprudencia. La tragedia fue un accidente. Pero el alcance de las consecuencias parece que podía no haber sido el que fue. En la causa, se mantiene también provisionalmente la imputación a los dueños de la residencia. La responsabilidad civil se carga sobre la compañía aseguradora. La Consejería de Bienestar Social, de momento, no es objeto de imputación alguna en la causa.

Investigación

La investigación se centra en las medidas de atención de los enfermos y en las posibilidades de evacuación. La residencia tenía plan de emergencias y señalizadas las vías de salida. Sin embargo, cabe la duda de si esas vías eran las adecuadas para poder mover a internos a los que sólo se podía trasladar en camilla.

La residencia San Lorenzo de Brindis, en el número 1 de la calle Libertad, en la carretera que une Massamagrell con Náquera, cuando ocurrieron los hechos, tenía 120 camas, y casi todas ocupadas. Abrió sus puertas en 1992 como centro para la tercera edad, categoría para la que tenía autorización. Sin embargo, desde el principio acogió en buena medida a personas con enfermedad mental, en muchos casos procedentes del antiguo hospital psiquiátrico de Bétera, dependiente de la Diputación de Valencia.

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Poco antes del incendio, había solicitado acreditación para atender a personas con discapacidad psíquica. Murieron cinco personas sin que tuviera licencia para que algunos de ellos estuvieran ahí. Dos de las víctimas tenían 50 años. El resto 30 años, 56 años y 80 años.

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