Corporativismo y dependencia

El presidente del Congreso ha recibido la lista de los candidatos a vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para la renovación de este órgano de representación de los jueces. Entre los candidatos, en lo que a Andalucía se refiere, se encuentran dos que propone la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y dos más, que lo hace Jueces para la Democracia (JpD). Uno de éstos es el presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla, Miguel Carmona, a quien el viernes se le da un homenaje con motivo de su recién concedida medalla de San Raimundo de Peñafort. Pues, bien, este candidato a nuevo vocal, en una entrevista reciente, ha tocado algunos problemas que preocupan a la sociedad. Construcciones ilegales e independencia del órgano de los jueces.

Es verdad, tal como manifiesta, que en numerosas ocasiones cuando se pretende ejecutar las sentencias que han declarado ilegales algunas construcciones, no se pueden ejecutar. Durante el proceso se han trasformado, por arte de Tamarit, en legales. Alcaldes y corporaciones, en estas ocasiones, hacen imposible los derribos, pues nuevos expedientes han declarado legal lo que no era. Actos municipales que impiden la ejemplaridad de la sentencia y que extienden la creencia que todo el monte es orégano. Se puede construir ilegalmente que después legalizaremos. Sin embargo, en estas manifestaciones, aunque contengan un punto de verdad, se echa de menos un pequeño acto de contrición. No es otro que la referencia a la lentitud de la justicia; más lenta en el orden contencioso-administrativo ya que pasa casi un lustro antes de que los tribunales resuelvan. A veces, cuando se dicta sentencia, no es necesario el derribo; las casas se caen de puro viejas. En fin, que no está mal algo de corporativismo, pero estaría mejor que se repartiera juego y se compartieran responsabilidades.

De ahí que no se pueda, si lo que se quiere es una Justicia eficaz, y no me cabe la menor duda de que siempre ha sido uno de los objetivos de Miguel Carmona, tapar una cierta y constatada ineficacia a costa de perjudicar la imagen de los ayuntamientos y de los alcaldes, que son representantes del pueblo, elegidos por el pueblo. No se puede hacer ver que están por convertir lo ilegal en legal. Bastante tienen con aguantar que algunos usen los comportamientos de alcaldes indeseables para extender la mancha sobre todos. El corporativismo, sinceramente, no debe llegar a estos extremos.

Otro tanto puede decirse del CGPJ. A cualquiera que se le pregunte, sabe que su presidente, Francisco Hernando, no es precisamente de Zapatero ni está por la labor de proteger la independencia judicial de Garzón. También por las nuevas propuestas que hace la APM, entre las que se encuentra la magistrada que no imputa a los peritos del ácido bórico, pues la alteración de la fecha en documentos oficiales ha debido de dejar de ser delito, se puede llegar a pensar y temer, como ya advertía Miguel Rodríguez Piñero en una sentencia del TC, que el Consejo se integra por jueces próximos a las opiniones de cada grupo político, el que apoya a cada candidato.

Un pensamiento y un temor fundados, y unos riesgos que, en cierta medida, se desprenden de las manifestaciones de Miguel Carmona: pide que los nuevos vocales "contraigan el compromiso personal de ser autónomos" y "no se trasladen al Consejo las tensiones políticas". Son estas realidades, las del corporativismo y las de una cierta dependencia de partidos, las que hacen menos independiente al órgano de gobierno de los jueces. Un órgano que nació para evitar que los jueces no estuvieran mediatizados por el Ministerio de Justicia y que, hoy, si los nuevos vocales no se comprometen personalmente, va a continuar. En cualquier caso, lo que sí es seguro que este candidato a vocal, que reconoce la necesidad de un cierto compromiso personal, va a seguir destacando en su independencia. En este sentido, y en muchos más, me permito aprovechar estas páginas para darle mi mejor enhorabuena.