Penas por el 11-M

La presentación ayer de las conclusiones provisionales de la fiscal Olga Sánchez sobre el 11-M constituye un hecho no sólo procesal, sino de relevancia pública. Con la solvencia de los medios de investigación de que dispone el Estado, ofrece una versión basada en hechos y en pruebas, al margen de teorías fantasiosas. Indica, además, que el juicio sobre el mayor atentado terrorista en España está cerca, y que las víctimas recibirán por fin la satisfacción que merecen tras los más de dos años y medio transcurridos desde la masacre.

La versión de los hechos que recoge la fiscal coincide en lo sustancial con la del juez Del Olmo. Insiste, en cambio, en acusar a Basel Ghalyoun, insuficientemente identificado según el juez, de ser uno de los autores materiales de la masacre e imputa un nuevo delito -asociación ilícita- a Suárez Trashorras y al resto de integrantes de la trama asturiana que facilitó los explosivos a los terroristas. Nada de extraño tiene esa coincidencia, pues la fiscal ha trabajado a pie de juzgado y codo con codo, cada cual en su ámbito, con el juez instructor, siguiendo de cerca, y en no pocos casos proponiendo, las diligencias de todo tipo practicadas e incluso soportando ambos las mismas acometidas desacreditadoras de su labor.

El relato del ministerio fiscal sigue, pues, los trazos de la instrucción en cuanto a la autoría yihadista de la masacre, tanto intelectual como material; su motivación, enmarcada en su fase decisoria en la intervención de España en la guerra de Irak y la foto de las Azores; y el explosivo empleado, dinamita Goma 2 Eco, robada en una mina asturiana y entregada a cambio de droga a los terroristas. Como en la instrucción, tampoco hay rastro de ETA en el escrito de la fiscal, salvo los esporádicos contactos carcelarios entre presos islamistas y etarras. Lo estrictamente nuevo son las penas solicitadas por los 191 asesinatos consumados y los 1.824 en grado de tentativa cometidos, que disparan los años de cárcel a un total de 270.600, de los que corresponden a Suárez Trashorras el mayor número -38.600-, con el límite, en caso de condena, del máximo de 40 años previsto en el Código Penal.

La versión del ministerio fiscal sobre el 11-M es sólo provisional, pues la definitiva dependerá de las pruebas presentadas en el juicio oral. Pues es en el juicio oral, y no fuera de él, donde podrá establecerse la verdad sobre aquel atentado, la que procede de pruebas y diligencias judiciales concretas y no de hipótesis inverificables, orientadas a crear confusión y obtener réditos políticos.