Papel quemado

Desde hace meses no se puede fumar en determinados espacios públicos. Entre ellos, las estaciones de tren y lo que incluyan. Por ejemplo, los bares. Esto ha originado una sorda lucha entre la administración ferroviaria y algunos concesionarios que se niegan en redondo a aplicar la ley. La situación irrita a no pocos usuarios de las estaciones que creen incomprensible que el incumplimiento de la ley se produzca en edificios que, se mire por donde se mire, son del propio Gobierno.

V. M. señala que puede entender que el propietario de un bar en el límite de los 100 metros vulnere la ley y que aproveche la permisividad del Departamento de Salud para ello. Lo que no entiende es que eso se produzca en un edificio público. Y pone un caso que, dice, sufre casi a diario: la estación de França de Barcelona. "Yo voy allí a buscar el tren para ir a trabajar, pero habrá quien vaya con niños y tendrán que tragar el humo, ahora que ya no lo expelen las locomotoras", dice.

Pese a tener más de 100 metros, el bar de la estación de França no ha habilitado una zona para no fumadores

Una inspección ocular del local muestra que, en efecto, supera los 100 metros cuadrados y, por tanto, en el supuesto de que se pudiera fumar en él debería tener un espacio segregado para fumadores. Pues nada de nada. Está permitido fumar y el concesionario no ha establecido separación alguna. El responsable de la instalación asegura: "No he podido hacer las obras porque Renfe no me da permiso".

Renfe, en efecto, no le ha dado permiso porque la estación no es suya. Ahora Renfe mueve trenes y gestiona alguna estación, pero no la de França, que pertenece a Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias). El portavoz de Adif conoce bien el caso.

Tras la pregunta sobre si ha permitido realizar las obras responde: "No diré nada de palabra, pero puedo mostrar las cartas que se han enviado al concesionario para reclamarle que cumpla la ley e incluso amenazándole con rescindir la concesión si no lo hace".

En efecto, por una vez, la Administración ha hecho los deberes. Comunicó al concesionario que no podía permitir fumar ni vender tabaco el 27 de febrero de 2005. El 9 de enero de 2006 le recordó que la ley ya había entrado en vigor y el contenido de la misma. El 14 de febrero le exigían que colocara el cartel que señala que está prohibido fumar. Hay uno, pero dice que se permite en determinadas zonas, que es todo el bar y un poco más si cabe. La última notificación se produjo el 25 de agosto. Por el medio se han producido quejas de los usuarios, algunas por escrito.

V. M. indica que su hermano, F. M., así lo hizo y muestra la copia correspondiente. Pero el cumplimiento de la ley sigue siendo, en algunos lugares públicos, papel quemado.

Para plantear quejas sobre el funcionamiento de administraciones y empresas públicas, hay que dirigirse a Catalunya@elpais.es, a la atención de Francesc Arroyo.