El presidente de la Audiencia de Sevilla: "Los alcaldes legalizan las casas ilegales"

Miguel Carmona, el presidente de la Audiencia de Sevilla, se muestra partidario de demoler aquellas construcciones que sean declaradas ilegales por un tribunal. Sin embargo, afirma que no siempre ocurre así porque los jueces se encuentran con que se ha restablecido la legalidad cuando llega el momento de la sentencia. "En la mayoría de los casos, los tribunales administrativos no ordenan la demolición porque los ayuntamientos han legalizado lo que era ilegal", manifiesta.

El magistrado considera un gran paso que hoy en día exista una "conciencia social" de que es delito construir en zona no urbanizable. "Hace unos años no era una prioridad ni para la policía ni para la fiscalía. Existía una imagen de que el delito era otra cosa, como el robo. De hecho, se decía en Marbella que con [Jesús] Gil había bajado la delincuencia", señala. Y añade que en esos años era cuando supuestamente los gobernantes "estaban practicando otro tipo de delincuencia: La de guante blanco".

Carmona ha sido propuesto como candidato a vocal del Consejo General del Poder Judicial por la asociación de Jueces para la Democracia. El todavía presidente de la Audiencia sevillana piensa que el órgano de gobierno de los jueces no puede ser "la larga mano del gobierno para asuntos judiciales". "No se pueden trasladar las tensiones políticas al consejo. Debe existir un compromiso personal de los vocales de ser autónomos y de ejercer una política judicial sin meterse en cuestiones que no le atañen", dice.

El presidente de la Audiencia de Sevilla recuerda que en las cárceles españolas "tenemos más presos que nunca" a pesar, opina, de que existe una "curiosa percepción social" de que hay más "blandura" con la delincuencia que "antes". Gran parte de la situación se debe, según él, a que en España existe una legislación "insuficiente" en cuanto a medidas alternativas a la prisión.

Tratamientos médicos

Carmona considera que la ley en esa materia es "muy criticable". "Hay pocas medidas alternativas y las que existen no se aplican en el grado adecuado", afirma. Y, como ejemplo, explica que en 2003 se suprimió el arresto de fin de semana alegando que había "fracasado" cuando, según él, "no se aplicó correctamente".

Carmona se muestra partidario de que los ciudadanos decidan sobre sus tratamientos médicos. "Debe primar el principio de voluntariedad del tratamiento médico. Si yo no quiero que me apliquen un respirador no deberían aplicármelo", dice en referencia a la enferma de Granada que ha pedido que le supriman el ventilador al que lleva años conectada para poder vivir.