e-Administración

A ESTAS ALTURAS, la favorable influencia de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) sobre el crecimiento de la prosperidad está fuera de toda duda. La productividad del trabajo y la del conjunto de los factores -la eficiencia con la que funciona una economía- son resultados alcanzados por aquellos países en los que la inversión pública y privada en esos bienes y servicios, y su adecuada utilización, fueron prioridad. Esas tecnologías son, efectivamente, el catalizador fundamental de la denominada economía del conocimiento. Y es difícil avanzar en la senda de la competitividad de una economía, de su modernización, si esa inserción se retrasa.

España no mantiene una posición precisamente favorable en la generalidad de los indicadores que evalúan la dotación de esa forma de capital tecnológico, ni en su uso. A pesar de los esfuerzos recientes, la alfabetización digital de la mayoría de las empresas españolas, incluso de sus ciudadanos, no es elevada. Los otros agentes, las Administraciones Públicas (AAPP), con algunas excepciones, tampoco brillan en esas clasificaciones internacionales que cada día son más seguidas por quienes toman decisiones de inversión internacional en función de las capacidades, habilidades e infraestructuras tecnológicas de los países. Aunque se ha avanzado de forma significativa en los últimos años, los demás países de nuestro entorno, incluso los considerados emergentes, no se han quedado quietos. El resultado es una convergencia todavía insuficiente: persiste esa manifiesta asimetría entre el tamaño de la economía española y su grado de modernización tecnológica.

La alfabetización digital de la mayoría de las empresas españolas, incluso de sus ciudadanos, no es elevada. Las Administraciones Públicas tampoco brillan en esas clasificaciones internacionales

Es cierto que en una economía como la española han de ser las empresas las que en mayor medida intensifiquen la adopción de esas herramientas básicas, pero a las AAPP también les corresponde, cuando menos, predicar con el ejemplo. Y la mejor forma de hacerlo es garantizar a los ciudadanos el derecho a una interlocución digital única con todas sus administraciones. Además, la extensión de esas tecnologías permitirá avanzar en la necesaria modernización y racionalización de las organizaciones públicas. Eso es lo que promete el proyecto de Ley de Administración Electrónica, presentado por el ministro de Administraciones Públicas hace una semana en Consejo de Ministros. A través de ella, todos los servicios públicos serán prestados electrónicamente, de forma continua, al margen de los horarios convencionales. Todo ello, en el caso de los servicios suministrados por la Administración General del Estado, no más tarde de 2009, y los de las CCAA a partir de 2010.

Lamentablemente, la escasa difusión de ese proyecto no guarda relación con la significación y el alcance que, de prosperar en el proceso de tramitación parlamentaria, esa norma puede tener para la definitiva modernización tecnológica de España. El compromiso no es menor. Garantizar esa interlocución electrónica exigirá hacer lo propio con la interoperabilidad de las soluciones electrónicas desarrolladas por todas las Administraciones Públicas. El compromiso se extiende al pleno respeto al principio de neutralidad tecnológica y a los requisitos de seguridad establecidos por la Ley de Protección de Datos.

Desde el momento en que entre en vigor esa ley, todos los servicios prestados de forma electrónica deberían ofrecer el grado máximo de calidad, seguridad y confidencialidad. Al mismo tiempo, los ciudadanos dejarían de estar obligados a aportar cualquier tipo de información o documentos que obren ya en poder de alguna de las Administraciones Públicas.

Una prueba de la responsabilidad y sensatez de los representantes elegidos por los ciudadanos debería manifestarse en la atención prioritaria a este proyecto, de los pocos que todo el mundo, incluidas las empresas, pueden percibir como directa e inequívocamente beneficiosos, al tiempo que reconocedores de derechos básicos. Su discusión, dejando a un lado todo tipo de corporativismos e intereses que no sean los de la mayoría, y la rápida concreción de su aplicación, puede ser de las señales que los partidos políticos emitan de aproximación a la realidad, a la mejora de las condiciones de vida de quienes les han elegido. Perder más tiempo en la concreción de un empeño tan evidente sería difícil de justificar.