El Defensor denuncia la desigualdad que sufren las reclusas en las prisiones andaluzas

En Andalucía hay muchas menos mujeres encarceladas que hombres, pero también sus derechos parecen menores, a tenor del informe especial realizado por la oficina del Defensor del Pueblo andaluz sobre la situación de las 1.152 reclusas de la comunidad, el 8,3% de la población penitenciaria. La oferta de cursos ocupacionales, terapias para superar adicciones y actividades deportivas es más deficitaria en el caso de las internas, según comprobaron los autores del informe. El Defensor del Pueblo reclama que se mejore la atención ginecológica y psiquiátrica, así como que se diseñen programas específicos para las presas que han sufrido violencia de género.

Entre las mujeres encarceladas predominan las que están entre rejas por delitos relacionados con el tráfico de drogas (más de la mitad) y delitos contra el patrimonio (el 28%). Su perfil delictivo difiere del masculino, ya que los hombres -hay 12.724 intramuros en la actualidad- son condenados en primer lugar por robos y hurtos. Asimismo, los homicidios, asesinatos o delitos contra la libertad sexual raramente conducen a las mujeres a la cárcel. "Las mujeres objeto de nuestro estudio son mucho menos violentas y agresivas que los hombres", concluyen. Su menor conflictividad también queda patente en la opinión de los profesionales entrevistados para el trabajo, que aprecian "una peligrosidad inferior a la de los hombres" en el interior de las prisiones.

Los autores del informe también se detienen en el origen de las reclusas. El 31% de ellas son de etnia gitana, lo que lleva a la oficina del Defensor a señalar que evidencia "índices de exclusión que deberían ser atendidos por las administraciones competentes" y a solicitar a la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social que diseñe programas para "hacer frente a tales circunstancias y conseguir que disminuyan los focos de exclusión". El porcentaje de internas gitanas resulta desproporcionado si se compara con la cifra de gitanos que residen en Andalucía, que oscila entre el 4,5% y el 5% de la población total. Otro 20% de las presas provienen del extranjero.

El estudio pone de manifiesto que son frecuentes los casos de mujeres encarceladas que han sido víctimas de violencia machista pero que, sin embargo, apenas se benefician de programas de intervención específicos. De hecho, una de las recomendaciones que plantea la oficina al Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) es la elaboración de un programa anual que contemple actuaciones en los diez centros penitenciarios que acogen a mujeres, que incida especialmente en cursos para víctimas de violencia de género, asistencia para internas extranjeras, programas de rehabilitación social y actividades culturales.

La menor oferta de programas y actividades de las reclusas frente a los hombres se repite en distintos ámbitos, lo que causa una situación de "desigualdad". Los autores del informe observaron "deficiencias" en los tratamientos para las que sufren adicciones "para las que prácticamente no existen terapias grupales ni programas específicos de deshabituación, salvo excepciones". "Además de la falta de módulos terapéuticos para mujeres, en los que pudiesen residir separadas de las demás internas no adictas, ocurre que ni siquiera tienen acceso a los existentes para hombres", censuran en el texto.

Más profesores

También en el terreno deportivo se denuncian las ofertas como "deficitarias" y "en peores condiciones que las de los hombres", así como la escasez de las actividades de formación profesional. Entre las recomendaciones dirigidas a la Junta de Andalucía, el Defensor plantea que se refuerce la plantilla educativa con 12 maestros más, que se incrementen los cursos de formación profesional ocupacional, que se aumente la dotación económica para los programas deportivos y se dé un "trato igualitario" a las internas y que se mejore la prestación de los programas que se ofrecen a las toxicómanas.

La atención sanitaria que reciben las reclusas es también objeto de críticas, sobre todo en el caso de la asistencia especializada, "unas veces porque fallan los mecanismos de la salida a las consultas hospitalarias y otras porque las especialidades más necesarias en los centros no están cubiertas o no lo están suficientemente". En concreto se hace hincapié sobre la falta de ginecólogos -sólo acuden a los centros de Sevilla y Alcalá de Guadaíra una o dos veces al mes-, a pesar de que el reglamento penitenciario exige que los centros de mujeres "dispongan periódicamente de un ginecólogo". El informe también deja patente la "deficiente" asistencia psiquiátrica para la población penitenciaria en general.

Sobre la estancia de menores de tres años con sus madres encarceladas, el Defensor considera insuficientes las dos unidades que hay en Andalucía (Alcalá de Guadaíra y Albolote) en las que residían 45 niños cuando se realizó el estudio. "Debería considerarse la posibilidad de habilitar nuevas unidades en zonas como Málaga y Algeciras, donde son numerosas las mujeres encarceladas", esgrimen.