La juez investigará si hay prevaricación en el aeropuerto de Castellón

La titular del juzgado número 4 de Castellón ha decidido mantener la paralización parcial de las obras del aeropuerto al considerar que existen "suficientes indicios de la comisión de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente y contra la ordenación del territorio". Además, la juez considera que ha de investigarse también la posible comisión de un delito de prevaricación en las autorizaciones administrativas que han participado en el proyecto, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

El aeropuerto de Castellón es una infraestructura promovida por la sociedad pública Aerocas, formada por la Generalitat y la Diputación de Castellón, y autorizada por el Ministerio de Fomento cuando Francisco Álvarez Cascos era el máximo responsable del mismo.

La paralización parcial (la tercera en la historia de la obras del aeropuerto) fue consecuencia de una denuncia presentada por el Grupo Ecologista para la Conservación de los Espacios Naturales (Gecen) al considerar que parte de las obras, las realizadas en el Monte de Santa Bárbara, no estaban incluidas en la Declaración de Impacto Ambiental. Ante la decisión judicial, Aerocas presentó un recurso acogiéndose a los informes realizados por Fomento que avalan que el citado monte sí estaba incluido en la declaración aunque el Ministerio de Medio Ambiente informó de lo contrario.

Una vez analizadas las alegaciones de todas las partes, la juez comprobó, a través del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, que se estaban realizando obras al noreste de la carretera CV-145, consistentes en perforaciones para el uso de explosivos y voladuras para transformar el terreno, en una zona previamente roturada y desbrozada. Es decir, se estaba volando el monte o paraje de Santa Bárbara y, de hecho, la ermita ya no existe. Además, la instructora solicitó un informe a la dirección general de Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente que sostiene que en el plano de localización del proyecto que consta en el estudio de impacto ambiental, elaborado por el promotor, el monte de Santa Bárbara está fuera de la zona de actuación.

Así, y para "prevenir la continuidad de la actividad delictiva y proteger el interés general en la conservación de los espacios protegidos por su valor ecológico y paisajístico", según indicaron las mismas fuentes, la juez ha decidido mantener la paralización adoptada, como medida cautelar, el 10 de octubre, para que se investigue, tal como denunció Gecen, la posible comisión de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente y contra la ordenación del territorio, investigación a la que la juez unirá la posible comisión de un delito de prevaricación en las autorizaciones administrativas.