El PP de Sueca recalificó en 2001 suelo por el que ahora denuncia al alcalde

El Partido Popular (PP) de Sueca y la Consejería de Territorio y Vivienda, dirigida por la misma formación política, se encuentran en plena campaña judicial contra Salvador Gil, alcalde socialista de la capital de la Ribera Baixa, por el otorgamiento de una licencia de obras en suelo que los populares calificaron como urbano (Edificación Abierta) durante la pasada legislatura, en la que gobernaban, y el Consell aprobó definitivamente a través de la Comisión Territorial de Urbanismo de 2 de mayo de 2001, en la cual se ratificaba el Plan General de Ordenación Urbana.

Los populares también otorgaron, sin informe favorable del parque, más de 50 licencias

Un contencioso administrativo impulsado por la consejería a instancias de José Segarra, director del Parque Natural de L'Albufera y concejal suecano del PP; una denuncia presentada por la agrupación popular local; y un escrito de Gil ante el fiscal-jefe de la Comunidad Valenciana, solicitando que investigara los hechos que se le imputaban, son los tres primeros frentes abiertos.

El actual gobierno municipal concedió licencia de obras el 14 de septiembre de 2004 a la empresa Andián SL para la construcción de 25 viviendas y garajes sobre una parcela de unos 2.000 metros. Dos meses más tarde entraba en vigor el PRUG de L'Albufera. Y en diciembre eran paralizadas las obras, acabadas de iniciar, a instancias de la dirección del parque. Segarra, que estando en el gobierno local ratificó el PGOU con su voto, cuestiona la licencia por cuanto existía una suspensión temporal en las áreas afectadas por el espacio natural, si bien ésta no afectaba a las zonas consolidadas como urbanas. El propio ayuntamiento popular aprobó más de 50 autorizaciones, afectadas en mayor o menor nivel por la misma normativa. Desde la consejería argumentan, en el caso de la obra paralizada, la inexistencia del hipotético informe favorable por parte del consejo directivo del parque. En las obras aprobadas con Segarra en el poder municipal tampoco aparecen.

Por su parte, Gil, alcalde y arquitecto de profesión, siempre ha sostenido que la licencia fue otorgada con todos los preceptos legales previstos y que la parcela "es suelo urbano consolidado por las Normas Subsidiarias del Planeamiento Urbanístico del Municipio de 1977 a la que llega el alumbrado público, la red de agua y el alcantarillado; después el PGOU mantiene esa calificación". Este hecho está ratificado en una certificación municipal de octubre de 2002 (con el PP en el gobierno local) y en la que se expresa que "están clasificados como suelo urbano, siendo su calificación de la zona Edificación Abierta EDA".

En el terreno judicial, el Ayuntamiento y la mercantil Andián SL ya han presentado sus respectivos recursos de apelación admitidos a trámite ante la sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 que daba la razón a la consejería. Los abogados de las dos partes demandadas alegan "manifiesto y notorio error en la apreciación y valoración de las pruebas, básicamente, los planos en los que se establece el carácter urbano de la parcela".

La denuncia presentada por Carlos Ramírez, edil popular y presidente local del partido, por los presuntos delitos contra la ordenación del territorio, continuado de prevaricación y contra los recursos naturales y el medio ambiente, ha sido incoada por el Juzgado número 1 de Sueca y está en el proceso de diligencias previas de los imputados (Gil, Enrique Redondo, autor del proyecto de la obra, y Ricardo Linares, arquitecto municipal) y primeras declaraciones. Al día de ayer, ninguno de los tres eran conocedores de la decisión judicial.

Por último, el fiscal-jefe de la Comunidad Valenciana no aprecia delito alguno tras la petición presentada por el alcalde de Sueca tras la campaña mediática de la que es objeto.