Vizcaya aprueba una nueva norma para garantizar el cobro del peaje en la A-8

La Diputación de Vizcaya aprobó ayer una nueva norma foral con la que pretende salvar la sentencia del Tribunal Superior que anuló la norma que regula el peaje de la autopista A-8. La normativa pretende acabar con la inseguridad jurídica creada por el fallo judicial, por el que el PP ha instado a los usuarios a reclamar el dinero cobrado. Vizcaya, pese a que se llegó a plantear reducciones en el cobro del peaje, mantendrá el canon actual, según recalcó el diputado de Obras Públicas y Transportes, Eusebio Melero.

El Superior aceptó en febrero pasado de manera parcial una denuncia que realizaron todos los junteros del PP en marzo de 2003. Los apoderados argumentaron que el peaje en la A-8, una vez que su gestión pasó a las diputaciones, suponía un nuevo impuesto y que servía para financiar la construcción de otras carreteras, entre ellas la Supersur, el proyecto viario vasco más costoso, con una inversión de 1.200 millones de euros, la autovía de la Margen Izquierda o el corredor del Cadagua.

El Superior rechazó que el peaje sea un nuevo impuesto y resolvió que se trata de una tarifa, en línea con lo que defendía la Diputación. Sin embargo, matizó que una tarifa supone una "contraprestación por el uso de dicha autopista", mientras que en este caso su importe se destina también a crear otras infraestructuras viarias. "Nos encontramos con una tarifa que se extralimita y como tal es contraria a derecho", agregó. La Sala concluyó que la fijada para la A-8 por la Diputación está "fuera de toda lógica de autofinanciación" y es contraria a derecho al dirigirse a "financiar otras obras y servicios".

La Diputación recurrió el fallo con la intención de esperar una nueva sentencia que se demorará varios años. Sin embargo, después de que este verano el PP instase a los ciudadanos a presentar reclamaciones para que les devuelvan lo pagado en el peaje, ha llegado a la conclusión de que existe una inseguridad jurídica, lo que le ha llevado a elaborar la nueva normativa.

La institución foral ha modificado su norma de carreteras de 1993 para incluir a la A-8 dentro de la red transeuropea de carreteras. Con ello, estaría afectada por una directiva comunitaria de 1999, que ha sido modificada este mismo año, que posibilita el cobro de peajes a los vehículos que causan no sólo congestiones de tráfico, "sino también la degradación y contaminación del suelo y el incremento de los niveles de ruido".

El Departamento de Obras Públicas y Transportes cree que así se salva el fallo del Superior y que los ingresos de la A-8 no se deban destinar exclusivamente al mantenimiento de esta carretera. Melero aseguró que el precio del peaje se mantendrá. La institución foral se había planteado si reducirlo con la aprobación de la nueva normativa.

Hace dos semanas, el Superior rechazó eliminar cautelarmente el peaje en el tramo vizcaíno de la A-8 hasta que exista sentencia firme, solicitud que había planteado en junio el PP. Los populares han insistido en que se devuelva lo "cobrado indebidamente".