La fiscalía, dividida sobre la actuación del superior de los peritos del ácido bórico

La fiscalía de Madrid está dividida respecto a la actuación de Francisco Ramírez, jefe policial de los tres peritos que firmaron un informe en el que relacionaron a ETA con los atentados del 11-M por la coincidencia de ácido bórico hallado en los domicilios, en años diferentes, de un islamista y un miembro de la banda terrorista.

De momento, con los datos que figuran en las diligencias que tramita la juez Gemma Gallego, titular del Juzgado 35 de Madrid, la jefatura de la fiscalía madrileña entiende que no existe delito, mientras que la fiscal adscrita al juzgado, Patricia Fernández, sí ve indicios de "falsedad formal" en la actuación de Ramírez, quien en su calidad de superior de los tres peritos retiró del informe las observaciones en las que se vinculaba a ETA con el 11-M sin base alguna.

El juez Baltasar Garzón, que investigó inicialmente el caso, solicitó las normas internas de elaboración de informes y concluyó que dentro del capítulo de observaciones los peritos no podían inducir la relación entre ETA con el 11-M. Asimismo, estimó conforme al protocolo de actuaciones que su jefe eliminara la observación en el informe definitivo enviado al juez.

Fuentes del entorno del fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, dicen que éste no ve indicios de delito ni en la actuación de los peritos ni en la de los mandos policiales.

La juez Gallego, candidata de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) a ser vocal del Consejo General del Poder Judicial -para lo cual dependerá del voto del Partido Popular- ha interrogado como imputados a tres jefes de los peritos: Francisco Ramírez, jefe de Analítica de la Policía Judicial; Pedro Luis Mélides, secretario general de Policía Científica, y Miguel Ángel Santano, comisario general de Policía Científica.

Control de calidad

La fiscalía de Madrid está a la espera de que concluya la instrucción para pronunciarse. La fiscal Fernández ha estado en todos los interrogatorios y no ha pedido la imputación de nadie. Ha apoyado el levantamiento parcial del secreto que pesaba sobre las diligencias y solicitó a la juez Gallego que solicite la normativa sobre control de calidad que regula la confección de informes científicos en la Policía. En esa normativa, entre otras cosas, se basó Garzón para dictaminar que la actuación de Ramírez y del resto de los mandos había sido correcta y ajustada a derecho. La misma deja en manos de los mandos policiales la supervisión y revisión para que los informes periciales se ajusten a las normas de calidad.

La fiscalía ha celebrado ya un primer encuentro para definir la calificación de los hechos, en el que participó la fiscal del caso. En esa reunión, el fiscal jefe Moix efectuó una primera valoración provisional, en la cual propuso el archivo de las diligencias al entender que no hay delito ni en la actuación de los peritos ni en la de sus jefes.

La fiscal no ha apreciado delito de falsedad en la conducta de los tres peritos que firmaron el informe en julio de 2006 con fecha de 2005 y sostiene que al menos uno de los jefes policiales, Ramírez, ha podido cometer una falsedad formal.

Ramírez, en su declaración como imputado ante la juez, admitió que comentó a Manuel Escribano, perito que redactó el informe, que debía eliminar, por irrelevante, una observación que hacía en el informe respecto al hallazgo de ácido bórico (sustancia química que, entre otras cosas, sirve para matar cucarachas) en casa de dos etarras detenidos en 2001, en la de un militante antisistema arrestado en Madrid y en la de un islamista detenido en Canarias en relación con los atentados de Casablanca.

En dicha observación, calificada de "mera elucubración" por los mandos policiales, se describía el ya mencionado nexo entre ETA y el 11-M. Escribano se negó a eliminar la citada observación y dejó el informe sobre la mesa de Ramírez. Éste eliminó la observación y lo hizo suyo con su firma amparándose en la facultad que, como jefe, le otorgan el protocolo interno de actuaciones.

Ramírez afirmó primero que él había realizado los análisis del ácido bórico, aunque más tarde rectificó, en la declaración ante la juez Gallego, al señalar que había dado por buenos los exámenes realizados por sus subordinados, los tres peritos citados. Según fuentes jurídicas, la fiscal Fernández señala que en esta conducta podría haber "falsedad formal".

Cuestión distinta, señalaron las fuentes a este periódico, es que esa acción de Ramírez "tenga relevancia penal".