La Guardia Civil eleva a 31 las personas imputadas en Baños de la Encina por construcciones ilegales

El Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha elevado a 31 las personas imputadas en Baños de la Encina (Jaén) por los presuntos delitos contra la ordenación del territorio al haber construido de modo ilegal viviendas fuera del ordenamiento urbano. Entre los imputados se encuentra el alcalde del municipio, el socialista Miguel Campillo, que ya ha sido citado por el juez que lleva el caso, el titular del Juzgado número 2 de La Carolina, que le acusa de dejación de responsabilidades.

Un vecino de Baños de la Encina interpuso el pasado 26 de agosto una querella contra el alcalde y un técnico del Ayuntamiento por la negativa municipal a concederle una licencia de obra para construir una nave agrícola de más de tres hectáreas en una parcela de su propiedad. El vecino denunció que esta negativa contrastaba con la "proliferación" de construcciones ilegales en todo el término municipal. El Juzgado archivó el caso en primera instancia, pero lo volvió a reabrir en septiembre tras un informe del Seprona advirtiendo de presuntas irregularidades urbanísticas en el municipio.

Desde entonces, el Seprona ha peinado buena parte del término municipal de esta localidad de 2.700 habitantes y el resultado ha sido la imputación, hasta el momento, de 31 personas (seis de ellas durante la jornada del lunes) por construcciones ilegales y carecer de las preceptivas licencias de obras. Sin embargo, fuentes de la Guardia Civil aseguraron ayer que la investigación sigue en marcha y no se descartan nuevas imputaciones en los próximos días.

El revuelo creado en Baños desde que se inició la operación de la Guardia Civil ha llevado a muchos vecinos a plantear la creación de una plataforma de afectados por las construcciones ilegales. También el alcalde del municipio se ha visto obligado a pedir la confianza de su partido ante el escándalo que ha salpicado la vida política municipal. "Tengo la conciencia tranquila, nos hemos limitado a cumplir la ley urbanística; al denunciante no se le denegó la licencia, sino que estaba en trámites pendientes de un informe de la Diputación", señaló en días pasados el alcalde de Baños, que achacó la denuncia a la "rabieta" de un vecino por la discusión que mantuvo con el técnico municipal de obras.

El alcalde de Baños no es el único de la provincia de Jaén imputado por presuntos delitos urbanísticos. También lo está el de Torredelcampo, el socialista Blas Sabalete, para el que el fiscal de Medio Ambiente ha pedido su inhabilitación por amparar la construcción ilegal de viviendas en el paraje del Megatín, una zona protegida e incluida en el Plan Especial de Protección del Medio Físico de la provincia. En esta zona, la Guardia Civil ha imputado a 47 personas por delitos contra la ordenación del territorio.