Los otros Estatutos

Esta semana se vota en el Congreso la reforma del Estatuto de Andalucía, y entra en las Cortes el anteproyecto del de Castilla-La Mancha. Ambos cuentan con el respaldo de los dos grandes partidos, que han establecido en torno a esos textos -como antes con los proyectos de Valencia, Baleares y Aragón- una especie de tregua en su pugna permanente. Que el PP haya acabado por respaldar esas reformas, pese a que su actitud de partida era considerarlas superfluas o inconvenientes, refleja la influencia de los dirigentes regionales temerosos de llegar a las elecciones con la etiqueta de opuestos a una mayor autonomía para sus comunidades.

Ha sido especialmente visible en Andalucía, donde una falta de acuerdo habría llevado al PP a tener que defender el voto no en el referéndum de ratificación previsto para los Estatutos aprobados mediante el artículo 151. Las enmiendas introducidas en el Congreso han modificado 120 de los 246 artículos, con el efecto de pasar de un respaldo del 61% en Sevilla a uno del 97% en las Cortes. El asunto que ha retardado el acuerdo ha sido la mención a Andalucía como realidad nacional, incluida en el preámbulo como propuesta alternativa a la definición como nación planteada por el Partido Andalucista y por IU. Esa fórmula dificultaba el consenso con el PP, sin que haya servido para incorporar a los andalucistas, que han mantenido su rechazo. Entre retirarla o matizarla, los socialistas han optado por lo segundo, y ahora aparece como una referencia histórica artificiosa pero sin consecuencias prácticas.

El mimetismo catalán se ha manifestado también en la inclusión de una fórmula que condiciona las inversiones del Estado en la comunidad, aunque en el caso andaluz no en relación con la aportación al PIB nacional, sino con la población. Otras reformas en marcha han seleccionado otros baremos, pero en la medida en que cada comunidad elige el que cree más favorable, la resultante es inviable: sumará más del 100% de las disponibilidades presupuestarias. Otro problema que están planteando las reformas estatutarias son las competencias sobre las cuencas hidrográficas. En principio, toda cuenca que afecte a varias comunidades compete sólo al Estado, que arbitra y decide; pero varias de las reformas en curso pretenden determinar cuánto y hasta cuándo se trasvasa, lo que conduce a la parálisis o al enfrentamiento entre comunidades.