El Síndic pide al Ayuntamiento más intervención para frenar el 'mobbing'

Más control y más implicación del Ayuntamiento de Barcelona en los casos de mobbing. Son dos de las recomendaciones más destacadas del Síndic de Greuges respecto a la actuación del consistorio en los casos de acoso inmobiliario, que vuelven a ser denunciados por afectados y por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB). Más que recomendaciones, son una llamada de atención a la actuación -considerada insuficiente- del consistorio ante el mobbing.

Carles Martí, concejal de Ciutat Vella - el distrito que sufre más la violencia inmobiliaria-, salió ayer al paso de las críticas vertidas el jueves por la FAVB, a la que se han sumado los partidos de la oposición, CiU y el PP, afirmando que el consistorio se personará como acusación particular en el caso denunciado por Manel González, inquilino de Robadors 29, si llega a los tribunales. De momento, la denuncia del afectado está siendo estudiada por la fiscalía donde ayer prestó declaración.

Martí declinó entrar en consideraciones sobre la acusación de desidia del Ayuntamiento formulada por la FAVB respecto a la efectividad y el alcance de la oficina anti-mobbing abierta hace tres años. Este servicio está encuadrado en la Oficina Municipal de Información al Consumidor, cuyo responsable político es el republicano Jordi Portabella, que no se ha dado por aludido y no ha contestado a las críticas.

Frente a las argumentaciones que hizo ayer Martí acerca de que el distrito denuncia a los propietarios de los edificios que no están en condiciones -una de las formas de la violencia inmobiliaria- , el Síndic demandó a la administración municipal que, además de hacerlo, subsane los problemas de las fincas si persiste la inacción de la propiedad.

Poca efectividad

Los casos de mobbing se denuncian con frecuencia ante la oficina del Síndic, donde se comprueba que la actuación municipal es "manifiestamente" mejorable, en opinión de personal de esa institución; hasta el punto de considerar que la oficina anti-mobbing municipal se abrió "de cara a la galería", más que con la voluntad de intervenir en un grave problema que afecta a los sectores más desfavorecidos: personas mayores solas, con pocos recursos y, frecuentemente, con problemas de salud. La intervención municipal más efectiva está resultando el realojamientode algunos afectados en pisos asistidos. Lo que ocurre es que por el camino muchos otros acaban cediendo y se van de los edificios. Un ejemplo de eso es lo que ha ocurrido en la finca del número 29 de la calle de Robadors, que hace tres años tenía 23 inquilinos y actualmente una decena.

El Síndic pide al consistorio que mejore la coordinación de los servicios que suelen intervenir: los asistentes sociales, los servicios técnicos, los de vivienda y la Guardia Urbana. "De esa forma se podría garantizar un buen seguimiento y control de los casos", apunta una nota del Síndic. Otra de las recomendaciones que hace es que el consistorio pueda intervenir ejercitando el derecho de tanteo y retracto en las transmisiones en zonas de la ciudad donde se producen más casos. Y en esa misma línea, señala que el Ayuntamiento podría firmar un convenio de colaboración con los registradores de la propiedad de Barcelona para tener información si ven maniobras que puedan ocultar mobbing. Por ejemplo, cuando en poco tiempo se producen varias transmisiones de la propiedad y no se realiza la división horizontal de las comunidades de vecinos.

El Síndic también plantea otras recomendaciones, como introducir modificaciones en la legislación de arrendamientos urbanos para que tenga en cuenta a las personas de colectivos más vulnerables y pedir que se acredite el arrendatario en los procesos de dasahucio. También propone llegar a convenios con las empresas suministradoras de servicios básicos, como el agua el gas y la electricidad, para que verifiquen las irregularidades si reciben denuncias de problemas en el suministro.