La fiscalía ve connivencias entre políticos y firmas del 'pelotazo' de Ciempozuelos

La Fiscalía de Madrid ha enviado un informe al juez que instruye el pelotazo urbanístico de Ciempozuelos en el que indica que existió "un acuerdo ilícito" entre "los responsables del Ayuntamiento" de esta localidad y las promotoras Esprode y Bitango para recalificar terrenos y obtener millonarias plusvalías. Esprode está bajo sospecha después de que haya aflorado un supuesto contrato entre esta firma y el ex alcalde socialista Ciempozuelos Joaquín Tejeiro, que establece el pago de 40 millones de euros en comisiones a este ex regidor. Bitango ha comprado terrenos en la zona del pelotazo junto con sociedades vinculadas a Fidel San Román, un constructor que, por otro lado, ha reconocido que pagó seis millones en comisiones al principal implicado en el caso Marbella, Juan Antonio Roca.

El escrito del fiscal de Urbanismo de Madrid, Emilio Valerio, tiene que ver con un procedimiento que abrió el juez Agustín Carretero contra ocho sociedades que supuestamente querían adueñarse de 152 fincas, la mayoría sin registrar, en Ciempozuelos. Estas fincas ocupan una extensión cercana al millón de metros cuadrados y una vez recalificadas tendrían un valor de 50 millones de euros. Ahora resulta que quien denunció ese intento de apropiación de las fincas fue la Asociación Prosci, constituida a propósito por Esprode, Bitango y el Ayuntamiento.

Según Valerio, Prosci, con el aval del Ayuntamiento, logró del juez que paralizase la inscripción de las escrituras que las citadas ocho sociedades habían hecho sobre esas 152 fincas. Y también logró que se dictase una orden de alejamiento del municipio de los denunciados y que no se pudiese comprar ni vender ninguna finca en la zona hasta que el juez resolviese el asunto.

Orden judicial

El fiscal se ha dado cuenta de que la firma Esprode, supuestamente vulnerando la orden judicial, ha entregado en el juzgado 30 nuevas escrituras de fincas en la zona. Lo llamativo es que cuando Prosci presentó la denuncia, Esprode sólo decía tener en esa zona cuatro fincas. Por eso, el fiscal Valerio quiere, por un lado, que la Sección de Urbanismo de la Guardia Civil a las órdenes del coronel Félix Hernando investigue el presunto quebrantamiento de la orden judicial y, por otro, "la comunidad espúrea de intereses que en todo el proceso -siempre si fueran ciertos aquellos hechos- entre las autoridades municipales de Ciempozuelos" y las mercantiles Esprode y Bitango.

El fiscal Valerio cree que se "urdió un plan" entre el Ayuntamiento de Ciempozuelos y ambas mercantiles para beneficiar a éstas por las recalificaciones. También deduce el fiscal que esa conjunción de intereses "espúreos" fue cocida en un despacho de abogados en el que trabaja Javier Ledesma, quien fuera vicepresidente de la Comunidad de Madrid por el PSOE. Lo deduce porque Ledesma trabaja como abogado para el Ayuntamiento de Ciempozuelos y también figura como letrado de Prosci, una asociación presidida por un directivo de Esprode, José Luis del Olmo. Esta promotora ha negado haber firmado ningún contrato de pago de 40 millones en comisiones con el ex alcalde socialista de Ciempozuelos para lograr la recalificación de esas fincas.

El caso Ciempozuelos se ha saldado de momento con la dimisión de quien hasta hace 15 días era su alcalde, Pedro Torrejón. Éste y el ex alcalde Tejeiro abrieron recientemente una cuenta en Andorra con casi un millón de euros.