Presupuestos y productividad
De forma explícita, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2007, los terceros de esta legislatura, recogen como una de sus prioridades el aumento de la productividad. Falta hace. La mejora de esta variable constituyó la pieza esencial del programa económico que elaboró el PSOE antes de las elecciones generales. El diagnóstico, casi tres años después, no ha cambiado. La economía española ha mantenido un ritmo de crecimiento muy aceptable (en realidad está siendo significativamente superior al que entonces se anticipaba), pero su productividad y competitividad han mejorado poco. Sobre una y otra sigue pesando ese patrón de crecimiento intensivo en sectores distantes de la economía del conocimiento, hacia donde se desplazan cada vez de forma más evidente las economías competitivas.
Los mayores gastos en capital humano pretenden que el crecimiento de la economía española sea compatible con el de la productividad
Las señales que se deducen de la evolución reciente de las cuentas exteriores siguen advirtiendo de esa pérdida de competitividad. España sigue exhibiendo uno de los déficit de la balanza comercial y por cuenta corriente más abultados del mundo, sin conseguir recuperar cuota en los mercados de exportaciones. Tampoco mejora la percepción de la comunidad empresarial internacional acerca de nuestra capacidad competitiva: en las muy seguidas clasificaciones del Global Competitiveness Report, elaborado por respetables expertos para el World Economic Forum, la posición de España en la mayoría de los indicadores se mantiene lejos de la posición de las economías más avanzadas. Afortunadamente, en esas clasificaciones las europeas siguen ocupando las posiciones de cabeza: en el informe (http://www.weforum.org), seis de las diez economías más competitivas del mundo pertenecen a la UE, tres de ellas (Finlandia, Suecia y Dinamarca) siguen desde hace años entre las cuatro primeras, al igual que preservan su liderazgo en renta por habitante. Una razón no sólo para eliminar cualquier atisbo de incompatibilidad entre la dinámica de integración europea y prosperidad, sino para tomar buena nota de los fundamentos en que esos países basan su liderazgo competitivo: estabilidad macroeconómica, posiciones igualmente máximas en la inversión y resultados en todos los niveles educativos, sofisticación empresarial y, no menos importante, la mejor calidad de las instituciones públicas. Todo ello compatible con un presupuesto público tan lejos de la anorexia como favorecedor de esos envidiables registros de prosperidad.
Casos relevantes, en definitiva, a la hora de hablar de presupuestos, así como de los propósitos de mejora de las instituciones públicas españolas, con el fin de hacerlos más eficaces. No sólo del Estado, sino del conjunto de las administraciones públicas, de las comunidades autónomas en particular: recordemos que del total de esos gastos que el Gobierno ha sometido a la aprobación parlamentaria en el proyecto de PGE, el Estado sólo ejecuta aproximadamente el 20%. La mayoría de las políticas que esos países nórdicos adoptan favoreciendo la competitividad de sus economías están hoy en el ámbito competencial de nuestras comunidades autónomas.
Las líneas trazadas en el proyecto de PGE son, ciertamente, propiciatorias de la necesaria modernización de la economía española. Los significativos incrementos en el gasto en capital humano y tecnológico, en particular, son coherentes con ese propósito de hacer de la española una economía en la que su crecimiento sea compatible con el de la productividad y, consecuentemente, con el del PIB por habitante, del bienestar. No es menos cierto, en todo caso, que, a tenor del retraso educativo y tecnológico existente, el esfuerzo presupuestario podría haber sido mayor. España es, efectivamente, de los pocos países que vuelven a exhibir un superávit presupuestario y una deuda pública de los más bajos. El entorno financiero, por su parte, sigue siendo de los más propicios a la financiación de decisiones de inversión productiva, satisfaciendo con rigor la regla de oro de las finanzas. Nunca ha sido más fácil, por tanto, la conciliación de ambas prioridades, estabilidad presupuestaria y modernización económica. Tan arriesgado o más como poner en peligro la primera es hipotecar esta última, retrasando o reduciendo el esfuerzo inversor que otros hicieron hace años.
